SENTENCIA DE MUERTE. LAS CIFRAS QUE ESTREMECEN

Colombia no puede acostumbrarse a contar muertos. Mucho menos cuando las víctimas son hombres y mujeres que, desde sus comunidades, trabajan por la defensa de los derechos humanos, la protección de sus territorios, la construcción de paz y la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus pueblos.

El reciente informe de la Defensoría del Pueblo vuelve enciende las alarmas. Entre enero y agosto del presente año han sido asesinados en Colombia 112 líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que también perdieron la vida 10 firmantes del Acuerdo de Paz. Son cifras que estremecen y que demuestran que la violencia contra quienes ejercen liderazgos comunitarios sigue siendo una de las grandes tragedias nacionales.

Y lo más preocupante es que no se trata de hechos aislados. Estamos frente a una violencia persistente que, año tras año, golpea a dirigentes campesinos, indígenas, afrodescendientes, defensores ambientales, representantes comunitarios y personas comprometidas con la construcción de paz.

De acuerdo con las cifras conocidas, desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, hace exactamente diez años, han sido asesinados 1.777 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Una cifra aterradora que obliga a preguntarnos qué clase de paz hemos construido si quienes trabajan diariamente por ella terminan siendo blanco de los violentos.

Colombia no puede permitir que convertirse en líder comunitario sea una sentencia de muerte. Tampoco puede aceptar que defender los derechos humanos, reclamar tierras, proteger los recursos naturales, denunciar la presencia de grupos armados o acompañar a las comunidades implique asumir un riesgo mortal y convierta al país en el más peligroso del mundo para este sector de la población.

La situación ha provocado llamados de organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, para que el Estado colombiano fortalezca las medidas de prevención y protección dirigidas a esta población. La Defensoría del Pueblo también ha insistido en la necesidad de adoptar acciones efectivas para evitar que continúen los homicidios y garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen liderazgos sociales.

La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable: ¿de qué sirve hablar de paz si en los territorios continúan imponiéndose las armas, las amenazas y el miedo?

La respuesta no puede limitarse a lamentar cada asesinato después de ocurrido. El Estado debe anticiparse a la tragedia. Las alertas tempranas tienen que traducirse en acciones concretas, presencia institucional, protección efectiva y capacidad para enfrentar a las organizaciones armadas que pretenden controlar territorios y someter a las comunidades.

Los 112 asesinatos registrados entre enero y agosto son 112 familias golpeadas, 112 comunidades que pierden referentes y 112 historias de vida que no pueden reducirse a una estadística. Detrás de cada cifra hay un padre, una madre, un hijo, un hermano, un vecino o un dirigente que decidió trabajar por su comunidad.

A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia tiene una deuda enorme con sus líderes sociales y defensores de derechos humanos. 1.777 asesinatos son demasiados para permanecer indiferentes.

La paz no puede medirse únicamente por la existencia de un documento firmado. También debe medirse por la posibilidad de que un campesino, un líder indígena, un defensor ambiental o un dirigente comunitario pueda levantar su voz sin convertirse en objetivo de los violentos.

Proteger a quienes defienden la vida debe ser una prioridad nacional. Porque mientras sigan cayendo líderes sociales, la paz seguirá siendo una promesa incompleta y la democracia, una tarea pendiente en muchos territorios de Colombia.