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Graves fallas en Infihuila salpican la gestión de la gerente Cielo Ortiz y del gobernador.

Informes de Control Interno revelaron graves fallas en Infihuila, como la pérdida del contrato con ETB y 76 procesos sin cerrar.

Por María Alejandra Solórzano HerezRedacción EXTRA
⏱ 2 min de lectura
Graves fallas en Infihuila salpican la gestión de la gerente Cielo Ortiz y del gobernador.
Imagen de portada · Grupo Editorial Central

Informes de Control Interno realizados el pasado 19 de octubre dejaron al descubierto graves deficiencias en Infihuila que ponen bajo escrutinio la administración del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y la gerente Cielo Ortiz Serrato. La entidad enfrenta hallazgos que abarcan contratación, archivo, inventarios y procedimientos administrativos, comprometiendo la trazabilidad y la transparencia en la gestión pública.

El hallazgo más delicado es la pérdida de la carpeta física del contrato interadministrativo 001 de 2023 con ETB. La revisión detectó ausencia de informes de supervisión, soportes faltantes en SECOP II y liquidación pendiente. Ante esto, Control Interno recomendó reconstruir el expediente y denunciar ante la Fiscalía.

A esto se suma la existencia de 76 contratos de vigencias anteriores sin cierre registrado, evidencia de fallas en el seguimiento contractual. Además, persisten compromisos incumplidos en el Plan de Mejoramiento Institucional: transferencias documentales pendientes, trámites sin actualizar, bienes almacenados sin dar de baja y un manual de comunicaciones sin aprobar.

Si bien la gerencia de Cielo Ortiz heredó el desorden del contrato de ETB, su pasividad para solucionarlo la hace cómplice del caos. Pero la responsabilidad apunta más arriba: el gobernador Rodrigo Villalba no puede posar de espectador ante este descalabro. Como máxima autoridad del departamento, su falta de control y el tibio seguimiento a sus designados dejan al descubierto una alarmante permisividad e ineficacia en el manejo del patrimonio público.

Pese a que el sistema de control interno obtuvo una calificación del 98 % en 2026, la cifra no sustituye la necesidad de evidencias concretas. Infihuila debe demostrar documentalmente qué fallas fueron subsanadas, pues la gestión exige expedientes custodiados y cuentas claras.