NARIÑO RECLAMA PROTECCIÓN POR LOS CASOS DE INSEGURIDAD QUE SE REGISTRAN

Los acontecimientos de orden público registrados en diferentes regiones de Nariño vuelven a encender las alarmas y demuestran que la seguridad de los habitantes del departamento no puede seguir siendo un asunto que se atienda únicamente cuando ocurren hechos violentos. El reciente hostigamiento atribuido a disidencias de las Farc en el municipio de El Peñol constituye una nueva señal de advertencia sobre la presencia y capacidad de acción de los grupos armados ilegales en nuestro territorio.

Ante esta preocupante situación, resulta indispensable que los gobiernos Nacional y Departamental tomen cartas en el asunto y adopten medidas contundentes para garantizar la vida, la integridad y la tranquilidad de las comunidades. No se trata solamente de reaccionar frente a cada ataque, hostigamiento o amenaza, sino de establecer una estrategia permanente de seguridad que permita recuperar el control territorial y evitar que las organizaciones armadas continúen imponiendo sus propias reglas.

Las alertas formuladas por instituciones como la Defensoría del Pueblo deben ser escuchadas con la mayor atención. Desde diferentes municipios se ha advertido sobre los riesgos que enfrentan las comunidades por la presencia y accionar de grupos armados y organizaciones criminales, particularmente en sectores de la Costa Pacífica nariñense, donde confluyen fenómenos como el narcotráfico, la minería ilegal, las economías ilícitas y otras expresiones de violencia.

Nariño no puede acostumbrarse a vivir bajo la amenaza permanente de quienes pretenden convertir determinadas zonas del departamento en territorios bajo su dominio. Tampoco puede aceptarse que campesinos, indígenas, afrodescendientes, comerciantes, transportadores, maestros, estudiantes y familias enteras tengan que modificar sus vidas por temor a enfrentamientos, desplazamientos, confinamientos o represalias. Por lo tanto, lo que están reclamando las comunidades es algo elemental: una mayor y efectiva protección del Estado.

Y esa protección no debe limitarse al envío temporal de tropas después de que se produce un hecho violento. Se requiere una presencia integral y permanente de las instituciones. La Fuerza Pública debe contar con las capacidades necesarias para enfrentar a estas estructuras, pero simultáneamente deben fortalecerse la justicia, la inversión social, las oportunidades laborales, la educación, la infraestructura y los programas destinados a las regiones históricamente abandonadas.

Especial atención merece la Costa Pacífica nariñense. Tumaco y otros municipios de esta región continúan enfrentando enormes desafíos derivados de las economías ilegales y de la disputa de grupos armados por el control de territorios estratégicos para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Allí no puede seguir existiendo una brecha tan grande entre las necesidades de las comunidades y la capacidad de respuesta institucional.

El Gobierno Nacional debe escuchar las advertencias de las autoridades locales, de la Defensoría del Pueblo y de las propias comunidades. El Gobierno Departamental, por su parte, tiene que mantener una interlocución permanente con los alcaldes y con los organismos de seguridad para identificar los puntos críticos y exigir respuestas oportunas.

Nariño es un departamento de gente trabajadora, solidaria y pacífica que merece vivir sin miedo. Sus habitantes no pueden convertirse en víctimas de una violencia que se alimenta de los negocios ilícitos y de la disputa territorial entre organizaciones criminales.

Por eso, el reciente hostigamiento en El Peñol y las demás situaciones de riesgo deben servir como una llamada de atención.  Bajo ningún punto de vista se puede esperar a que ocurra una tragedia mayor para entrar a actuar.  La seguridad de los nariñenses exige decisiones inmediatas, presencia institucional y una política de Estado que permita recuperar plenamente los territorios amenazados por la violencia.