El Cuando la confianza pública se rompe

Las últimas noticias sobre una entidad pública de Nariño han despertado preocupación e indignación entre los ciudadanos. Cuando una institución creada para administrar recursos de todos termina siendo objeto de investigaciones por presuntas irregularidades, no solo se pone en duda el actuar de algunos funcionarios, sino la confianza de toda una sociedad en sus instituciones.

La captura de una alta funcionaria, en el marco de una investigación adelantada por las autoridades, ha generado múltiples interrogantes. Corresponderá a la justicia establecer las responsabilidades individuales y determinar si existieron conductas que afectaron el patrimonio público. Ese proceso debe desarrollarse con independencia, transparencia y pleno respeto por el debido proceso.

Pero el debate no puede quedarse únicamente en un nombre o en un cargo. La verdadera preocupación es saber si existieron fallas en los controles internos, en los mecanismos de vigilancia y en la supervisión de los recursos que pertenecen a todos los nariñenses.

Cuando una entidad pública enfrenta una crisis de esta magnitud, la ciudadanía espera respuestas claras y oportunas. El silencio institucional, las explicaciones ambiguas o los pronunciamientos tardíos solo aumentan la desconfianza y alimentan la percepción de que algo más pudo haber fallado.

También resulta legítimo preguntar cuál fue el papel de quienes tenían la responsabilidad política de ejercer control. Los organismos de vigilancia, las juntas directivas cuando existan, los diputados, los congresistas y los distintos actores políticos del departamento tienen el deber de exigir transparencia y rendición de cuentas, sin importar el color político o la administración de turno.

La corrupción no distingue ideologías. No es un problema exclusivo de la derecha o de la izquierda. Cuando los recursos públicos son objeto de un presunto manejo irregular, los únicos perjudicados son los ciudadanos que esperan mejores servicios, más inversión y mayores oportunidades para el desarrollo del departamento.

Nariño necesita instituciones fuertes, transparentes y alejadas de cualquier interés particular. Las entidades públicas deben responder a los ciudadanos y no a proyectos políticos. Su misión es administrar con responsabilidad los recursos que provienen del esfuerzo de todos.

Hoy más que nunca, la confianza solo podrá recuperarse con investigaciones serias, decisiones oportunas y sanciones ejemplares si la justicia encuentra responsables. Del mismo modo, quienes resulten ajenos a cualquier irregularidad tienen derecho a que su buen nombre sea respetado.

La ciudadanía no puede acostumbrarse a que los escándalos sean parte de la rutina administrativa. Cada peso del presupuesto público debe traducirse en bienestar para la comunidad y no en dudas sobre su destino.

Nariño merece instituciones que inspiren confianza y servidores públicos que entiendan que administrar recursos públicos es un honor, pero también una enorme responsabilidad. La transparencia no puede ser un discurso de campaña; debe ser el principio que guíe cada decisión de quienes tienen en sus manos el futuro del departamento.