Humberto Leal confirmó vinculación campesina tras cerrar convocatoria ambiental.
Un total de 66 familias campesinas serán beneficiadas con pagos directos por proteger los ecosistemas rurales de Ibagué, en una iniciativa que no solo mueve millonarios recursos, sino que también pone bajo la lupa la conservación ambiental en la capital tolimense. El programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), impulsado por la Administración Municipal, cerró oficialmente su convocatoria y ya avanza en la fase de implementación.
La apuesta contempla una inversión cercana a los $2.400 millones, destinados a compensar económicamente a quienes preservan bosques, fuentes hídricas y zonas estratégicas para el equilibrio ambiental. Según el balance entregado, 20 familias ya cuentan con pagos activos, mientras otras 46 están en proceso de validación final para completar los cupos establecidos en esta etapa.
Detrás de cada pago hay una condición clara: conservar. Las familias seleccionadas deben destinar parte de sus predios a la protección ambiental, garantizando que las áreas intervenidas mantengan su función ecológica.
“El equipo técnico ha realizado más de 77 visitas y caracterizaciones en campo, asegurando que cada hectárea protegida funcione como una ‘esponja’ natural que preserve el recurso hídrico”, explicó Humberto Leal, director de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Estas inspecciones han sido clave para verificar que las zonas cumplan con los criterios exigidos.
El objetivo no es solo entregar dinero, sino blindar ecosistemas estratégicos que abastecen de agua a miles de habitantes. La conservación se convierte así en un compromiso formal y medible.
Aunque el enfoque principal está en la zona rural, la estrategia no se queda allí. También se adelantan acciones en puntos urbanos como el río Chipalo, río Opia, quebrada Hato de la Virgen, quebrada El Tejar y quebrada El Salero, en articulación con colectivos ambientales que vigilan y acompañan los procesos.
La iniciativa representa un doble impacto: protege el medio ambiente y genera un ingreso adicional para familias campesinas que históricamente han sostenido el territorio. Con esta fase, la Administración busca consolidar un modelo que combine sostenibilidad, control técnico y apoyo económico directo.
El desafío ahora será garantizar la continuidad de los recursos y que cada hectárea protegida cumpla su promesa: convertirse en un escudo natural frente a la crisis climática.
