La discusión sobre los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hace parte de un debate mucho más amplio: el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla una reducción de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
De acuerdo con un análisis de la Defensoría del Pueblo, elaborado con cifras del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, el proyecto presentado ante el Congreso contempla $12,94 billones para la construcción de paz en 2027. La cifra representa $7,62 billones menos frente a los $20,56 billones asignados para 2026, equivalente a una disminución del 37 %.
El impacto no se limitaría a la JEP. Los recursos relacionados con el acceso y formalización de tierras, la transformación de los territorios afectados por el conflicto, la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos y la participación política también aparecen entre los componentes que tendrían reducciones.
Uno de los casos más destacados corresponde a la Agencia Nacional de Tierras, cuyos recursos identificados para la implementación del Acuerdo pasarían de $1,31 billones en 2026 a $370.028 millones en 2027, una reducción del 71,8 %. En la Agencia de Renovación del Territorio, aunque la inversión total crecería, los recursos identificados específicamente para el cumplimiento del Acuerdo disminuirían 54,8 %.
También se proyectan reducciones para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, entidad encargada de acompañar a los excombatientes en su tránsito a la vida civil. En este caso, la inversión identificada para la paz pasaría de $9.548 millones a $2.000 millones, una disminución del 79,1 %.
La JEP, por su parte, tendría un presupuesto de $821.803 millones dentro de la bolsa destinada a la construcción de paz. De ese monto, $647.684 millones corresponderían a funcionamiento y $174.119 millones a inversión. Este último rubro tendría una reducción del 8,9 %. El debate sobre estos recursos ocurre mientras el tribunal avanza en la aplicación de sus primeras sanciones dentro del sistema de justicia transicional.
Al revisar los seis puntos del Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral concentraría la mayor reducción en términos de dinero, con una disminución de $7,84 billones, equivalente al 45 %. La solución al problema de las drogas ilícitas tendría una caída del 67 %, mientras que el componente de participación política disminuiría 64,6 %.
No todos los componentes tendrían reducciones. El punto relacionado con el Fin del Conflicto, que incluye compromisos sobre reincorporación y garantías de seguridad, tendría un aumento del 51,8 %, mientras que el componente de Víctimas del Conflicto crecería 12,3 %.
Según la Defensoría, entre 2017 y 2026 el Estado destinó $115,17 billones a la implementación del Acuerdo, en valores nominales. Cerca del 77 % de esos recursos se concentró en la Reforma Rural Integral, con la educación rural como uno de los principales destinos de inversión.
El proyecto de presupuesto todavía debe surtir su trámite en el Congreso, por lo que las cifras pueden modificarse antes de su aprobación. El plazo máximo para definir el Presupuesto General de la Nación de 2027 es el 20 de octubre.
El debate, además de determinar cuánto dinero recibirá la JEP, definirá los recursos disponibles para programas de tierras, desarrollo rural, reincorporación, sustitución de cultivos y otras obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.
