PRIMEROS VIENTOS ELECTORALES REGIONALES
En departamentos como Nariño, donde las decisiones de las autoridades territoriales tienen una incidencia directa.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo la dirección de Hernán Penagos Giraldo, se alista para abrir, este 31 de octubre, el calendario electoral de cara a las elecciones territoriales previstas para el 31 de octubre de 2027, una jornada democrática de enorme trascendencia para el futuro político, administrativo y social de Colombia. Aunque todavía falta un año para acudir a las urnas, el ambiente electoral comienza a sentirse en las diferentes regiones del país, donde cada vez aparecen más precandidatos dispuestos a conquistar el respaldo de los ciudadanos.
En estos comicios, los colombianos
tendrán la responsabilidad de elegir a sus 32 gobernadores, diputados, 1102
alcaldes, concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Se
trata de una contienda que compromete directamente a las comunidades, puesto
que de sus resultados dependerán, durante los próximos cuatro años, decisiones
fundamentales relacionadas con la inversión pública, la infraestructura, la
salud, la educación, la seguridad, el empleo y el desarrollo de los
territorios.
Por eso, la apertura del
calendario electoral no debe interpretarse como un simple trámite
administrativo. Representa el comienzo de una etapa decisiva para la democracia
colombiana, en la que las autoridades electorales tendrán que garantizar
condiciones de transparencia, equidad y seguridad, mientras los partidos,
movimientos políticos y aspirantes deberán demostrar que están preparados para
competir con responsabilidad y respeto por las reglas establecidas.
Sin embargo, sería conveniente que
esta temprana actividad política no termine convertida en una interminable
confrontación de anuncios, promesas y disputas personales. Colombia necesita
campañas serias, en las que los aspirantes expliquen con claridad cuáles son
sus propuestas, cómo piensan financiarlas y de qué manera responderán a las
necesidades más urgentes de sus comunidades.
Los ciudadanos tienen derecho a
conocer las hojas de vida, la experiencia, los antecedentes y los compromisos
de quienes pretenden gobernarlos. No basta con recorrer barrios y veredas,
estrechar manos, pronunciar discursos o prometer soluciones para todos los
problemas. Gobernar exige preparación, honestidad, capacidad administrativa y,
sobre todo, una auténtica vocación de servicio público.
En ese escenario, la Registraduría
Nacional tendrá una responsabilidad determinante. La organización de las
elecciones requiere una rigurosa planeación logística, actualización de los
procedimientos, capacitación de los funcionarios, garantías para los votantes y
mecanismos eficaces que permitan prevenir irregularidades. También será
indispensable que las autoridades competentes actúen oportunamente frente a
posibles delitos electorales, compra de votos, presiones indebidas y
utilización de recursos públicos con fines proselitistas.
La transparencia debe ser una
exigencia permanente, no solamente durante la jornada electoral, sino a lo
largo de todo el proceso. De igual manera, los organismos de control, las
autoridades judiciales, los partidos políticos y la ciudadanía tienen que
contribuir a que la competencia se desarrolle dentro de los principios
democráticos.
En departamentos como Nariño,
donde las decisiones de las autoridades territoriales tienen una incidencia
directa en el desarrollo económico, la seguridad, la conectividad y la atención
de las comunidades rurales, será fundamental que los aspirantes presenten
propuestas concretas y viables. Los electores deben analizar cuidadosamente
quiénes están en capacidad de responder a los desafíos regionales y quiénes
simplemente buscan aprovechar el entusiasmo electoral para obtener votos.
La democracia no puede reducirse a
depositar un tarjetón cada cuatro años. También exige vigilancia ciudadana,
participación informada y compromiso con el destino colectivo.
Por ello, mientras la
Registraduría pone en marcha el calendario electoral, los colombianos deben
prepararse para ejercer su derecho al voto con independencia y responsabilidad.
Que las próximas elecciones sean una verdadera oportunidad para renovar la
confianza pública, fortalecer las instituciones y elegir autoridades
comprometidas con el bienestar general. El futuro de Colombia también se
construye desde las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas, los concejos y
las JAL.




