FEMINICIDIOS, UNA TRAGEDIA EN NARIÑO Y A NIVEL NACIONAL

El país está llamado a encender todas las alarmas frente al preocupante incremento de los feminicidios, un flagelo que continúa cobrando la vida de mujeres y que golpea con particular preocupación a varios departamentos.

 Se trata de una realidad dolorosa que pone en evidencia la persistencia de la violencia de género y la necesidad urgente de fortalecer las medidas de prevención, protección y justicia para evitar que más familias colombianas tengan que llorar la pérdida de sus seres queridos.

De acuerdo con las cifras atribuidas a la Defensoría del Pueblo, Colombia registra 100 feminicidios en lo corrido del presente año. Este número, que representa un motivo de profunda preocupación, debe llevar a las autoridades nacionales y territoriales a revisar sus estrategias y a actuar con mayor determinación frente a una problemática que no puede seguir siendo tratada como un asunto secundario. Cada caso constituye una vida perdida, una familia destrozada y una señal de que los mecanismos de protección no siempre están llegando a tiempo.

La situación resulta todavía más inquietante ante los reportes de violencia que afectan a menores de edad y a personas de la tercera edad. Cuando la violencia contra las mujeres alcanza a quienes se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, queda en evidencia la dimensión de un problema que exige respuestas integrales. Ninguna niña, adolescente, mujer adulta o adulta mayor debería vivir bajo la amenaza de la agresión, el maltrato o la muerte por razones relacionadas con su género.

Nariño no puede permanecer indiferente ante esta realidad. Las autoridades departamentales y municipales deben trabajar de manera coordinada para identificar los riesgos, atender oportunamente las denuncias y garantizar que las mujeres amenazadas encuentren protección efectiva. La misma responsabilidad corresponde a  todas las regiones donde las cifras y los casos conocidos generan preocupación. No basta con lamentar los hechos una vez ocurren: es indispensable impedir que se produzcan.

Uno de los mayores desafíos consiste en reconocer que muchos episodios de violencia pueden estar precedidos por amenazas, agresiones físicas, intimidaciones, control sobre la vida de la pareja o antecedentes de maltrato. Por eso, las denuncias no pueden terminar archivadas en escritorios ni las solicitudes de ayuda pueden convertirse en trámites interminables. Cuando una mujer advierte que su vida está en peligro, las instituciones tienen la obligación de escucharla, evaluar el riesgo y adoptar medidas oportunas.

La prevención también comienza en los hogares, las instituciones educativas y los espacios comunitarios. Es necesario promover una cultura de respeto, igualdad y resolución pacífica de los conflictos, dejando claro que ninguna circunstancia justifica la violencia contra una mujer. El machismo, la creencia de que una pareja constituye una propiedad y la idea de que los conflictos familiares deben mantenerse en secreto son conductas que deben enfrentarse mediante la educación y la transformación cultural.

A esta tarea deben sumarse las autoridades judiciales, la Policía, las comisarías de familia, las instituciones de salud y las organizaciones sociales. La atención a las víctimas debe ser accesible y oportuna, con acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y protección para quienes enfrentan amenazas. Igualmente, es indispensable investigar cada feminicidio con rigor, sancionar a los responsables y evitar que la impunidad transmita el mensaje de que estos crímenes pueden quedar sin castigo.

Los feminicidios se han convertido en una tragedia nacional que exige mucho más que pronunciamientos de rechazo. Las cifras deben traducirse en acciones concretas y compromisos verificables. No podemos aceptar que la muerte violenta de una mujer se convierta en una noticia repetida hasta perder su capacidad de conmovernos.