CARRETERA DEL TERROR GENERA IMPACTO AL TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL

La inseguridad en la vía Panamericana, una de las principales arterias de comunicación de Colombia, está llegando a niveles inconcebibles. Lo ocurrido en las últimas horas en el sector comprendido entre los municipios de Timbío y Rosas, en el departamento del Cauca, constituye una tragedia que estremece al país y que obliga a las autoridades a preguntarse, sin evasivas ni discursos de ocasión, qué están haciendo para proteger la vida de quienes transitan por esta importante carretera.

De acuerdo con la información conocida, un intento de atraco por parte de delincuentes habría provocado que el conductor de un bus internacional, que se dirigía hacia el Perú, se asustara y perdiera el control del vehículo. El saldo reportado es desgarrador: cinco personas muertas y 55 heridas. Una tragedia de semejantes proporciones no puede convertirse en una noticia más que desaparezca de los titulares al cabo de unos días, mientras los viajeros, transportadores y comunidades continúan expuestos a la acción de los delincuentes.

Estamos ante un hecho terrible que se suma a una cadena de atentados terroristas, ataques armados, bloqueos y asaltos que han convertido distintos tramos de la Panamericana en escenarios de zozobra. Lo que debería ser una ruta para el desarrollo, el intercambio comercial y la integración de los pueblos se está transformando, peligrosamente, en un corredor de incertidumbre en el que nadie puede sentirse plenamente seguro.

Y aquí surge una pregunta que el Gobierno nacional y las autoridades militares y policiales deben responder con absoluta claridad: ¿la vía Panamericana está realmente militarizada y protegida, o esa presencia de la Fuerza Pública resulta insuficiente frente a la magnitud de las amenazas?

Porque no basta con anunciar operativos, desplegar uniformados, instalar puestos de control o comunicar decisiones después de cada tragedia. La seguridad se demuestra con resultados concretos: viajeros que llegan sanos y salvos a sus destinos, conductores que trabajan sin temor a ser atacados y transportadores que pueden movilizar mercancías sin exponerse permanentemente a la delincuencia.

Si, como se ha anunciado, existe un dispositivo especial de seguridad en esta carretera, es indispensable evaluar de inmediato su efectividad, determinar cuáles son los tramos más vulnerables y establecer por qué siguen ocurriendo hechos de esta gravedad. Y si los recursos humanos y logísticos son insuficientes, el Gobierno debe fortalecerlos sin demora. La vida de los colombianos no puede quedar supeditada a la capacidad de reacción de las autoridades después de una emergencia.

También debe preocuparnos el impacto internacional de estos acontecimientos. Que un vehículo de transporte internacional, con destino al Perú, termine involucrado en una tragedia de esta magnitud es una pésima señal para los visitantes, los empresarios y los transportadores extranjeros. La imagen de Colombia como destino turístico y socio comercial se deteriora cuando sus principales corredores viales aparecen asociados con la violencia y la inseguridad.

La situación resulta todavía más alarmante porque se aproxima la temporada decembrina, seguida por las vacaciones de comienzos de año y el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Durante esos meses aumenta el desplazamiento de familias, turistas, pasajeros y vehículos de carga. La Panamericana adquiere entonces una importancia estratégica para Nariño, Cauca y el suroccidente colombiano.

No podemos esperar a que ocurran nuevas tragedias para actuar. El Gobierno nacional, los ministerios competentes, la Fuerza Pública y las autoridades regionales deben coordinar una estrategia inmediata, sostenida y verificable que incluya patrullajes, controles efectivos, inteligencia contra las redes criminales y atención oportuna a las denuncias de los usuarios.

La Panamericana no puede continuar siendo una carretera del miedo. Colombia necesita recuperar el control de esta arteria vital y garantizar que quienes la recorran no tengan que encomendarse a la suerte para llegar a casa. La seguridad vial y ciudadana no es un favor del Estado: es una obligación que debe cumplirse antes de que nuevas familias tengan que llorar a sus muertos.