Polémica por retiro de obras LGBT y de la memoria política en el Museo Nacional

BOGOTÁ — Cerca de 30 piezas artísticas e históricas vinculadas a los movimientos de la diversidad sexual, colectivos feministas, víctimas de la violencia política y el Acuerdo de Paz de 2016 fueron desmontadas de las salas del Museo Nacional de Colombia. La medida trascendió de forma simultánea a la visita oficial realizada por el presidente Abelardo De La Espriella a la sede del Ministerio de Cultura, marco en el cual el jefe de Estado anunció el despliegue de una «contrarrevolución cultural» e instruyó expresamente a las autoridades del sector a retirar de la vista pública cualquier pieza o simbología conmemorativa relacionada con figuras de la antigua guerrilla del M-19, haciendo referencia al asesinado excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez.

Entre los objetos removidos de las galerías del museo más antiguo del país sobresalen la bandera del orgullo gay perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, material gráfico de marchas históricas por la diversidad sexual, publicaciones sobre derechos reproductivos de las mujeres de la Fundación Sí Mujer y afiches de las campañas presidenciales de 1990 de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, además del desmonte de casi la totalidad del Muro de la Diversidad. Frente a las denuncias de sectores culturales, la ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la evaluación y el rediseño del guion curatorial, aseverando que la misión institucional de los recintos patrimoniales de la Nación no consiste en servir como instrumentos de adoctrinamiento político ni en difundir versiones sesgadas de la historia de Colombia.

La reestructuración de la exposición permanente provocó duras críticas por parte de la oposición política y de analistas académicos, quienes calificaron la retirada de las piezas como un acto de proscripción de la memoria y censura institucional orientado a imponer un relato oficial único. Congresistas como María José Pizarro señalaron que la exclusión de la oferta museográfica no logrará borrar los procesos sociales del país, mientras expertos en ciencia política sostienen que la incursión del Ejecutivo en el terreno cultural refleja la adopción explícita de la agenda «antiwoke» y conservadora que lidera la derecha internacional, advirtiendo sobre la posible extensión de estas medidas de intervención ideológica a otras entidades como la Biblioteca Nacional.