ONU advierte el decreto sobre protestas en Colombia para facilitar uso de fuerza policial.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por los posibles efectos de la nueva regulació
La regulación de las protestas sociales en Colombia volvió al debate nacional después de que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtiera que un nuevo decreto podría facilitar el uso de la fuerza por parte de la Policía durante las manifestaciones. La advertencia, divulgada por la agencia EFE el 16 de octubre de 2026, plantea interrogantes sobre las garantías para ejercer el derecho a la reunión pacífica y la manera en que las autoridades deben responder ante las movilizaciones ciudadanas. La preocupación se produce después de las recientes jornadas de protesta contra las políticas del Gobierno nacional, en las que participaron organizaciones sindicales, estudiantes, comunidades indígenas y otros sectores sociales en distintas ciudades del país.
El pronunciamiento de Naciones Unidas pone sobre la mesa la necesidad de que las normas relacionadas con el orden público sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. La actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones debe responder a principios como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad, especialmente cuando existe la posibilidad de que una intervención afecte la integridad de los participantes o de otras personas. La advertencia no significa, por sí sola, que todos los procedimientos policiales derivados del decreto sean ilegales, pero sí señala la importancia de examinar sus disposiciones y la forma en que podrían aplicarse en situaciones concretas. En este escenario, la discusión involucra tanto la responsabilidad estatal de proteger a la ciudadanía como la obligación de preservar el orden público sin restringir injustificadamente los derechos fundamentales.
Un debate sobre seguridad y derechos fundamentales
La controversia abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno, los organismos de derechos humanos y los sectores sociales que reclaman garantías para la protesta. Para las autoridades, la regulación del orden público representa una herramienta para atender situaciones que puedan poner en riesgo a la población; para los defensores de derechos humanos, cualquier disposición debe evitar interpretaciones que permitan intervenciones arbitrarias o un uso excesivo de la fuerza. El alcance de la advertencia dependerá, en buena medida, del contenido concreto del decreto, de sus mecanismos de aplicación y de los controles disponibles para investigar posibles abusos. Por ello, el seguimiento de Naciones Unidas y la respuesta oficial del Gobierno serán determinantes para conocer si se introducen aclaraciones, ajustes o medidas adicionales que permitan garantizar el ejercicio de la protesta pacífica en Colombia.
Fuente: EFE Noticias — actualidad de Colombia, 16 de octubre de 2026.
