Petro, bajo la lupa por denuncia de contratos
La joven alegó la existencia de una red de decenas de mujeres jóvenes de bajos recursos que habrían sido vinculadas mediante contratos de servicios.
Una denuncia divulgada este domingo 25 de octubre de 2026 puso al expresidente Gustavo Petro en el centro de una nueva controversia política y judicial. Deicy Jiménez, en una entrevista con la revista Semana, afirmó que habría recibido contratos con entidades estatales a cambio de encuentros íntimos con el entonces mandatario. Sus señalamientos no constituyen, por sí solos, una prueba de responsabilidad penal.
Según el testimonio publicado por el medio, Jiménez aseguró que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que posteriormente tuvo vínculos contractuales con entidades públicas, entre ellas el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La mujer también habló de una presunta red de mujeres que, según su versión, habría obtenido contratos bajo condiciones similares. Además, aseguró haber entregado conversaciones, fotografías y otros materiales a la periodista Vicky Dávila. La autenticidad, el contexto y el alcance probatorio de esos elementos deberán ser establecidos por las autoridades competentes.
Gobierno activa protección
Tras conocerse las declaraciones, el Ministerio del Interior informó que, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, se activaría una ruta institucional de protección para salvaguardar la vida e integridad de Jiménez, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de Justicia.
La medida busca atender posibles riesgos para la denunciante ante la repercusión pública de sus afirmaciones. El anuncio oficial no equivale a una conclusión sobre la veracidad de los señalamientos.
¿Qué sigue en el caso?
La controversia plantea interrogantes sobre los procesos de contratación pública y la eventual utilización de recursos estatales para fines particulares. Para determinar si existieron irregularidades, será necesario revisar los contratos, verificar las pruebas aportadas y establecer si hubo conductas con relevancia penal o disciplinaria.
Hasta el momento, las afirmaciones difundidas deben manejarse como denuncias pendientes de verificación judicial. Cualquier determinación de responsabilidad corresponde a las autoridades, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
Fuente: Extra
