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Pasto: la ciudad donde emprender parece, a veces, una prueba de resistencia

Hace pocos días me encontré con un empresario de Pasto. No me habló de utilidades, de expansión ni de nuevos mercados. Me habló de angustia.

Por Ana Lucia TumalRedacción EXTRA
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Pasto: la ciudad donde emprender parece, a veces, una prueba de resistencia
Imagen de portada · Grupo Editorial Central

Hace pocos días me encontré con un empresario de Pasto. No me habló de utilidades, de expansión ni de nuevos mercados. Me habló de angustia.

Su empresa, como tantas otras, nació de una decisión que en Colombia requiere más valentía que romanticismo: invertir los ahorros, pedir un crédito, endeudarse, contratar trabajadores, pagar seguridad social, impuestos, arriendo, servicios públicos y tratar de sobrevivir en una economía que no suele tener mucha consideración con quienes arriesgan su patrimonio para crear empleo.

Lo que más le preocupaba no era la competencia. Tampoco la falta de clientes.

Era el Estado.

Me contó que el Instituto Departamental de Salud de Nariño visitaba su establecimiento con frecuencia y que, según su versión, cada visita parecía convertirse en una búsqueda minuciosa de cualquier incumplimiento que pudiera terminar en un requerimiento, una sanción o una multa.

El empresario relató, por ejemplo, que tenía dos programas informáticos porque se encontraba migrando hacia un sistema más sofisticado. La respuesta, según su relato, fue que debía tener uno solo.

También explicó que contaba con un laboratorio odontológico, pero que el servicio de rayos X lo realizaba mediante un tercero especializado. La respuesta, según contó, fue que el servicio debía contar con ese equipo dentro de sus propias instalaciones.

No pretendo aquí establecer si esas sanciones fueron jurídicamente correctas. Para eso están los expedientes, las normas y el debido proceso. Tampoco sería serio afirmar, sin revisar cada caso, que una entidad pública sanciona injustamente.

Pero sí vale la pena hacer una pregunta.

¿En Pasto estamos construyendo una cultura de cumplimiento o una cultura de persecución administrativa?

La diferencia no es menor.

Una cosa es que una autoridad exija condiciones sanitarias, seguridad, documentación y calidad. Eso es necesario. La ciudadanía tiene derecho a recibir servicios seguros y las empresas deben cumplir la ley.

Otra muy distinta es que la administración pública termine interpretando cada dificultad operativa como una oportunidad para sancionar, en lugar de orientar, corregir y acompañar.

Porque para una gran empresa una multa puede ser un costo más.

Para una pequeña empresa puede ser la diferencia entre continuar o cerrar.

Un restaurante puede tener un solo baño, pero mantenerlo limpio, tener protocolos de aseo y cumplir las condiciones sanitarias exigibles. Un empresario puede estar migrando de un software a otro. Una empresa puede contratar un servicio especializado con un tercero que tiene la tecnología y la certificación requerida.

La pregunta no debería ser siempre: ¿cómo lo sanciono?

También debería ser: ¿cómo garantizo que cumpla?

La propia realidad empresarial de Pasto muestra que el asunto merece atención. La Cámara de Comercio reportó 1.482 cancelaciones empresariales durante el primer trimestre de 2026, frente a 1.771 en el mismo periodo de 2025. La cifra disminuyó, es cierto, y no existe evidencia suficiente para afirmar que esas cancelaciones se deban a los controles administrativos. Pero el dato revela que hay un tejido empresarial que debe ser cuidado, especialmente cuando la misma Cámara ha recomendado trabajar con la administración local para reducir barreras burocráticas.

Mientras tanto, la Alcaldía informa periódicamente sobre operativos, visitas, cierres y sanciones. En 2025 reportó el cierre de más de 48 establecimientos nocturnos por incumplimientos relacionados con documentación y requisitos de funcionamiento. En otro operativo sanitario, la Secretaría de Salud informó 147 visitas, 72 establecimientos con observaciones y siete clausuras temporales.

El problema no es que existan controles.

El problema es si esos controles son inteligentes, proporcionales y orientados a corregir, o si terminan convirtiéndose en una carrera de obstáculos en la que siempre pierde el que está formalizado.

Porque hay una paradoja que Pasto debería discutir seriamente.

Al empresario formal se le exige matrícula, impuestos, seguridad social, permisos, protocolos, certificados, registros, actualizaciones, condiciones locativas y cumplimiento de múltiples normas.

Al mismo tiempo, miles de actividades económicas informales operan durante años sin que reciban el mismo nivel de acompañamiento, exigencia o vigilancia.

Entonces el mensaje termina siendo perverso:

Formalícese, cree empleo, pague impuestos y cumpla la ley. Pero prepárese, porque usted será el primero en ser vigilado.

Así no se construye una ciudad empresarial.

El emprendedor no es un enemigo del Estado. Es alguien que decidió arriesgar su dinero en una ciudad donde abrir un negocio ya es suficientemente difícil.

Detrás de cada empresa hay un crédito. Una familia. Años de trabajo. Una nómina. Empleados que dependen de que ese negocio sobreviva.

Cuando una autoridad impone una sanción, quizás esté aplicando correctamente la ley. Pero cuando una empresa cierra, no desaparece solamente una matrícula mercantil. También pueden desaparecer empleos, ingresos y oportunidades.

Por eso la discusión no debería ser entre empresarios y autoridades.

Debería ser sobre cómo construir una administración que controle sin asfixiar, que sancione cuando sea necesario, pero que también oriente, prevenga y ayude a corregir.

Pasto necesita más empresas, no menos.

Necesita más empleo formal, no más miedo a formalizarse.

Y necesita entender que una ciudad no se desarrolla únicamente inaugurando obras o anunciando programas de emprendimiento.

También se desarrolla cuando quien decide invertir sus ahorros, pedir un préstamo y contratar trabajadores siente que las instituciones están para ayudarlo a cumplir la ley y no para esperar su próximo error.

Porque si cada requisito se convierte en una trampa, cada visita en una amenaza y cada diferencia interpretativa en una multa, llegará un momento en que muchos emprendedores se harán una pregunta perfectamente racional:

¿Para qué formalizarme, si ser formal parece ser mucho más costoso que permanecer en la informalidad?

Esa sería una derrota no solamente del empresario.

Sería una derrota de la ciudad.