OTRO CAPÍTULO DE LOS ESCÁNDALOS QUE INVOLUCRA A VARIAS PERSONAS

El escándalo de corrupción que estremeció a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd,  está lejos de haber llegado a su punto final. Por el contrario, las últimas actuaciones de la Fiscalía General de la Nación demuestran que la investigación continúa avanzando y que, además de establecer responsabilidades penales, las autoridades están siguiendo la ruta de los bienes y recursos que presuntamente estarían relacionados con este entramado.

Se trata de una decisión de enorme importancia para Colombia. La lucha contra la corrupción no puede limitarse a llevar a los responsables ante los jueces. También resulta indispensable determinar qué ocurrió con los recursos públicos, dónde terminaron y qué patrimonio pudo haberse construido, directa o indirectamente, a partir de ellos.

En las últimas horas, la Fiscalía informó sobre medidas cautelares contra 25 bienes, entre inmuebles y sociedades, relacionados con seis personas vinculadas a la investigación. Las actuaciones comprenden suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios. El valor preliminar de los activos supera los 20.000 millones de pesos.

Entre los afectados aparecen el exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez; el exsubdirector Sneyder Pinilla; el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo; el expresidente del Senado Iván Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido dentro de la investigación como “El Pastuso”.

Particular atención merece el caso de López Rosero, porque siete bienes relacionados con él fueron ubicados en Pasto y Chachagüí, en Nariño, y en Cúcuta. De acuerdo con la Fiscalía, entre esos activos aparecen sociedades que estarían relacionadas con maniobras investigadas alrededor de la contratación de la Ungrd, la compra de los carrotanques y el movimiento de los recursos obtenidos. Estas afirmaciones corresponden a hipótesis y elementos de la investigación que deberán ser establecidos dentro de los respectivos procesos judiciales.

Para Nariño, la noticia tiene además una particular relevancia. Pasto y Chachagüí aparecen nuevamente dentro de un expediente nacional de enormes dimensiones, lo que obliga a mantener los ojos abiertos sobre el origen, manejo y destino de los recursos públicos que llegan al departamento.

La Fiscalía también ha avanzado en los procesos penales contra varios de los protagonistas del caso, con decisiones judiciales que han significado privación de la libertad y otras medidas dentro de las investigaciones. Pero el mensaje fundamental debe ser que la justicia tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, respetando, naturalmente, el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia mientras las decisiones no estén en firme.

El caso Ungrd ha causado una profunda preocupación porque los recursos comprometidos estaban destinados a atender emergencias, prevenir desastres y proteger a comunidades vulnerables. Cada peso que eventualmente haya sido desviado de esos propósitos representa mucho más que una cifra en un expediente: significa menos capacidad del Estado para responder cuando una familia pierde su vivienda, cuando una comunidad enfrenta una inundación o cuando un municipio necesita obras para prevenir una tragedia.

Por eso es fundamental que las investigaciones continúen. Colombia necesita saber qué ocurrió, quiénes participaron, cuánto dinero estuvo comprometido y dónde terminó. Pero también necesita que los procesos lleguen a conclusiones judiciales claras.

La recuperación de los bienes, si así lo determinan las autoridades competentes, será un componente esencial de esa tarea. El país no puede conformarse con conocer los nombres de quienes eventualmente resulten responsables. También debe recuperar, hasta donde legalmente corresponda, los recursos y patrimonios vinculados a la corrupción.

El mensaje debe ser contundente: los recursos públicos pertenecen a todos los colombianos y quienes los administran tienen la obligación de protegerlos. El avance de la Fiscalía en el caso Ungrd constituye una oportunidad para demostrar que, frente a uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, la impunidad no puede tener la última palabra.