La UE presiona a Antigua y Barbuda para cerrar su programa de pasaportes por inversión

La Unión Europea (UE) intensificó la presión sobre Antigua y Barbuda para que elimine su programa de ciudadanía por inversión antes del 1 de junio de 2028, una medida que podría afectar significativamente las finanzas del país caribeño y modificar el funcionamiento de este tipo de iniciativas en la región.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, afirmó que su Gobierno probablemente aceptará eliminar progresivamente el programa, después de que Bruselas estableciera el 12 de noviembre de 2026 como fecha límite para comunicar su compromiso de poner fin al mecanismo. La decisión definitiva todavía está pendiente.

¿Por qué la Unión Europea cuestiona la venta de pasaportes?

El programa de ciudadanía por inversión permite que ciudadanos extranjeros obtengan la nacionalidad de Antigua y Barbuda a cambio de realizar inversiones económicas o aportar recursos a fondos gubernamentales. Las contribuciones comienzan en aproximadamente 200.000 dólares.

La principal preocupación de las autoridades europeas está relacionada con los controles de seguridad y los antecedentes de quienes adquieren estos documentos. Según la Comisión Europea, conceder la ciudadanía a personas sin vínculos reales con el país, mediante procedimientos que pueden tener verificaciones insuficientes, representa riesgos para el espacio Schengen.

Entre las preocupaciones se encuentran posibles dificultades para identificar a los beneficiarios, prevenir el lavado de activos y evitar que personas que normalmente necesitarían una visa puedan acceder a Europa sin someterse a los controles migratorios habituales.

La normativa europea también establece que mantener un programa de ciudadanía por inversión puede constituir, por sí mismo, un motivo para suspender la exención de visado. Sin embargo, esta consecuencia no es automática y depende de los procedimientos establecidos por la Unión Europea.

El impacto económico que tendría eliminar el programa

La posible desaparición del mecanismo representa un desafío para Antigua y Barbuda, debido a la importancia de estos ingresos en su presupuesto nacional.

De acuerdo con cifras citadas por Reuters, el Gobierno obtuvo aproximadamente 58 millones de dólares mediante el programa durante 2025 y proyectó ingresos de 44,4 millones de dólares para 2026. Estos recursos representan entre el 7 % y el 11 % de los ingresos públicos recurrentes del país.

El economista C. Justin Robinson, director del campus Five Islands de la Universidad de las Indias Occidentales, advirtió que terminar el programa podría eliminar más de la mitad del superávit primario proyectado para este año.

Además, los efectos podrían extenderse al sector inmobiliario y turístico, debido a que parte de los proyectos hoteleros y desarrollos de lujo de la región reciben financiación procedente de estas inversiones. Una reducción en la demanda de pasaportes podría obligar a buscar nuevas fuentes de capital, retrasar construcciones o incluso cancelar algunos proyectos.

Otros países del Caribe también enfrentan la presión europea

La exigencia de Bruselas no afecta únicamente a Antigua y Barbuda. La Unión Europea también ha solicitado el desmonte de los programas de ciudadanía por inversión de Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.

Los cinco países han utilizado estos mecanismos como instrumentos para atraer capital extranjero, financiar proyectos de desarrollo y fortalecer sus ingresos públicos.

Ante esta situación, sus gobiernos han impulsado conversaciones diplomáticas para coordinar una respuesta regional y defender sus intereses económicos. Sin embargo, la continuidad de los programas dependerá de las decisiones que adopte cada Estado frente a las condiciones europeas.

El caso de Antigua y Barbuda representa un precedente importante para el Caribe, pues evidencia cómo las políticas migratorias de la Unión Europea pueden influir directamente en las estrategias económicas de países que dependen de la inversión internacional.