La JEP imputa crímenes de guerra a 10 exjefes de las FARC por ataques a indígenas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 antiguos integrantes de las FARC-EP por presuntos ataques sistemáticos contra cinco pueblos indígenas del sureste de Colombia. La decisión, anunciada el 13 de octubre de 2026, se refiere a hechos ocurridos entre 1996 y 2016, que habrían afectado la vida, el territorio y la identidad cultural de estas comunidades.

Según la información divulgada sobre el proceso, las conductas investigadas incluyen torturas, asesinatos, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersonal y destrucción de ecosistemas fundamentales para la supervivencia de los pueblos indígenas.

¿Qué investiga la JEP y a quiénes señala?

Entre los señalados figuran tres antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC-EP. Uno de ellos es Julián Gallo, quien ocupó un escaño en el Senado después de la firma del acuerdo de paz de 2016 entre la antigua guerrilla y el Estado colombiano.

La magistrada Catalina Díaz señaló que la decisión busca reconocer los daños sufridos por comunidades históricamente marginadas. Durante la presentación del caso, el líder del pueblo koreguaje Yhon Jairo Figueroa destacó la importancia de que se reconozcan no solo los asesinatos individuales, sino también los ataques contra los conocimientos tradicionales, las lenguas y los territorios ancestrales.

La actuación judicial se enmarca en el mandato de la JEP de esclarecer los crímenes graves cometidos durante el conflicto armado y determinar las responsabilidades de sus máximos responsables.

¿Qué consecuencias puede tener la imputación?

Los antiguos integrantes de las FARC señalados tienen un plazo de 30 días para responder a los cargos. La imputación no equivale por sí sola a una condena: el proceso debe continuar conforme a las reglas de la justicia transicional.

Quienes reconozcan su responsabilidad y contribuyan al esclarecimiento de la verdad pueden acceder al régimen de sanciones propias de la JEP, que contempla medidas restaurativas y acciones de reparación a las víctimas. En cambio, quienes no acepten los cargos y sean declarados culpables podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, según las disposiciones aplicables.

La decisión representa un avance en el esclarecimiento de la violencia contra los pueblos indígenas durante el conflicto armado. Además de establecer responsabilidades individuales, el proceso busca visibilizar los daños colectivos ocasionados por los ataques a la autonomía, la cultura y los territorios ancestrales.