Congresistas demandan decreto que regula la protesta social en Colombia

Congresistas de oposición presentaron varias acciones judiciales contra el Decreto 1525 de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para modificar las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las protestas sociales en Colombia. Los demandantes consideran que la normativa puede restringir el derecho fundamental a la manifestación pacífica y desconocer competencias reservadas al Congreso.

Las demandas se conocieron este miércoles 14 de octubre, en medio de una jornada de movilizaciones convocada por organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores políticos contrarios al Gobierno. La controversia se concentra en las condiciones bajo las cuales las autoridades pueden intervenir durante las manifestaciones y en el papel del diálogo como mecanismo para prevenir enfrentamientos.

Congresistas cuestionan la constitucionalidad del decreto

Una de las acciones fue presentada ante el Consejo de Estado por la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, quien expuso cinco argumentos para solicitar la nulidad de la disposición.

La congresista sostiene que las restricciones al derecho a la protesta deben establecerse mediante una ley estatutaria aprobada por el Congreso y no a través de un decreto presidencial. Su cuestionamiento se fundamenta en el artículo 37 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.

Pedraza también advirtió sobre los cambios relacionados con los mecanismos de mediación. Según su interpretación, la nueva reglamentación reduce la prioridad del diálogo y amplía las posibilidades de intervención policial ante situaciones como los bloqueos de vías.

A las acciones judiciales se sumaron los representantes Laura Daniela Beltrán Palomares y Camilo Torres, del Pacto Histórico, quienes cuestionaron las facultades del Ejecutivo para modificar las garantías de la movilización ciudadana.

Los congresistas también anunciaron que acudirían a una acción de tutela y solicitarían la suspensión de la normativa para evitar posibles afectaciones a quienes participen en manifestaciones pacíficas.

Por su parte, el congresista Alejandro Ocampo presentó otra demanda y señaló que cualquier limitación al ejercicio de este derecho debe ajustarse a los parámetros constitucionales establecidos por la jurisprudencia.

¿Qué cambia el Decreto 1525 de 2026?

La disposición, firmada el 13 de octubre, modifica el Decreto 003 de 2021, que estableció protocolos para garantizar la protesta pacífica y regular la actuación de las autoridades durante las movilizaciones.

Entre los cambios se encuentran nuevas disposiciones sobre la intervención policial frente a hechos violentos, bloqueos que afecten derechos de terceros y situaciones que comprometan servicios esenciales.

La reglamentación también contempla mecanismos de alerta temprana, coordinación institucional y habilitación de corredores humanitarios para facilitar el tránsito de vehículos de emergencia.

Uno de los aspectos más controvertidos es la posibilidad de realizar intervenciones policiales focalizadas sin agotar previamente las etapas de diálogo y mediación cuando se presenten determinadas conductas violentas.

Los sectores demandantes consideran que estas modificaciones podrían ampliar excesivamente la discrecionalidad de las autoridades y debilitar las garantías para quienes ejercen su derecho a manifestarse.

Gobierno defiende las medidas para preservar el orden público

El presidente Abelardo de la Espriella ha defendido la reglamentación con el argumento de que busca proteger tanto el derecho a la protesta pacífica como los derechos de las personas que no participan en las movilizaciones.

El Ejecutivo sostiene que las autoridades deben contar con herramientas para responder a hechos de violencia, vandalismo y bloqueos que comprometan la movilidad o el acceso a servicios esenciales.

Según la posición oficial, las medidas no pretenden prohibir las manifestaciones pacíficas, sino establecer criterios para intervenir frente a conductas que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

Sin embargo, los congresistas demandantes cuestionan que la protección del orden público pueda utilizarse para justificar restricciones que, a su juicio, requieren una regulación legislativa y mayores garantías constitucionales.

La justicia deberá examinar los límites de la intervención policial

La controversia ocurre en un contexto marcado por los antecedentes de las protestas de 2019 y 2021, cuando las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza impulsaron discusiones sobre los protocolos policiales y la protección de los manifestantes.

El Decreto 003 de 2021 surgió precisamente como parte de las medidas adoptadas para fortalecer las garantías de la protesta pacífica, tras decisiones judiciales relacionadas con la actuación de la Fuerza Pública.

Con las nuevas demandas, el debate pasa también al terreno judicial. Las autoridades competentes deberán estudiar los argumentos presentados y determinar si las modificaciones introducidas por el Gobierno respetan la Constitución y los límites de la potestad reglamentaria.

La presentación de las acciones judiciales no implica, por sí misma, la anulación o suspensión del decreto. Cualquier decisión sobre su validez o aplicación dependerá de los pronunciamientos de los jueces competentes.

El resultado de estos procesos será relevante para definir el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia de orden público y las garantías que deben mantenerse durante las manifestaciones sociales en Colombia.