La JEP imputa a diez exmandos de las FARC por crímenes contra pueblos indígenas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez antiguos integrantes de las extintas FARC-EP por hechos cometidos contra cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía colombianas entre 1996 y 2016. La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad el 12 de octubre de 2026, busca esclarecer la responsabilidad de los exmandos en graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.

Cinco pueblos indígenas afectados por la violencia

La investigación, desarrollada en el subcaso Amazonía y Orinoquía del Caso 09, identificó afectaciones contra los pueblos Nükak Baká, Korebajü o Koreguaje, Siona o Zio Bain, Hitnü y Jiw, así como contra sus territorios ancestrales.

Entre los delitos atribuidos figuran asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas, persecución y utilización de minas antipersonal. La investigación también documentó daños al medio ambiente natural, con consecuencias para las comunidades y su relación con los territorios.

Según los resultados divulgados por la jurisdicción, se registraron 1.134 victimizaciones atribuidas a los bloques Sur y Oriental de las antiguas FARC-EP. De ese total, 598 corresponden al Bloque Sur y 536 al Bloque Oriental. La Sala examinó, además, 96 conductas criminales agrupadas en dos patrones de macrocriminalidad y analizó en detalle 40 hechos.

Diez antiguos mandos llamados a reconocer responsabilidad

Entre los comparecientes señalados se encuentran Milton de Jesús Toncel Arredondo, conocido como Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias El Médico; y Julián Gallo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada. Los tres hicieron parte del antiguo Secretariado de las FARC. La lista también incluye a otros siete excomandantes vinculados con los bloques investigados.

La Sala atribuyó responsabilidad a los diez comparecientes como coautores mediatos mediante aparatos organizados de poder y, en determinados casos, por responsabilidad de mando en hechos de tortura. La imputación constituye una etapa judicial y no equivale, por sí sola, a una sentencia condenatoria.

¿Qué sigue en el proceso ante la JEP?

Los comparecientes deberán pronunciarse sobre los cargos formulados. Si reconocen su responsabilidad y aportan verdad plena, el proceso podrá avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y posteriormente al Tribunal para la Paz, que determinará las sanciones correspondientes conforme al modelo de justicia transicional.

La decisión también pone de relieve que los daños del conflicto no se limitaron a las víctimas individuales. La violencia afectó la continuidad cultural, las formas de organización, las prácticas espirituales y la permanencia territorial de comunidades indígenas. Por ello, el esclarecimiento de los hechos resulta fundamental para establecer responsabilidades y avanzar en medidas de reparación y garantías de no repetición.