Gobierno colombiano ordena revisar los esquemas de protección de la UNP
Abelardo de la Espriella pidió retirar las medidas de seguridad sin sustento técnico, en una revisión que busca reducir el gasto público.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó revisar los esquemas estatales de protección personal para identificar y retirar aquellos que no cuenten con una justificación técnica suficiente. La instrucción fue anunciada el 15 de octubre de 2026 durante una visita al Ministerio del Interior, como parte de la política de austeridad del Gobierno.
El mandatario sostuvo que ninguna persona debe recibir protección estatal sin una evaluación que respalde la existencia de un riesgo. También aseguró que las medidas se mantendrán para quienes realmente las necesiten, independientemente de su orientación política o de sus preferencias electorales.
La Unidad Nacional de Protección evaluará los esquemas
La revisión involucra a la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior encargada de evaluar riesgos y coordinar medidas de seguridad para personas amenazadas por su actividad política, social, periodística o de defensa de los derechos humanos.
Los esquemas pueden incluir escoltas, vehículos blindados y otros recursos de protección, según las características de cada caso y el nivel de riesgo identificado. Por ello, la revisión deberá distinguir entre las asignaciones que carecen de justificación suficiente y aquellas que responden a amenazas comprobadas.
De la Espriella cuestionó que algunas solicitudes de protección puedan tramitarse sin pruebas suficientes y pidió acelerar la revisión de las medidas vigentes. Sin embargo, no anunció una cifra concreta de esquemas que serán retirados ni un calendario definitivo para completar el proceso.
Austeridad estatal y protección de personas amenazadas
El Gobierno enmarca la decisión en su estrategia para reducir gastos considerados innecesarios y mejorar el uso de los recursos públicos. Según el presidente, la protección estatal debe responder a necesidades verificables y no a decisiones arbitrarias o motivaciones políticas.
La medida también plantea el desafío de garantizar que los ajustes administrativos no dejen desprotegidas a personas expuestas a amenazas reales. Entre los posibles beneficiarios de los esquemas de la UNP se encuentran líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes políticos.
El resultado de la revisión dependerá de las evaluaciones individuales y de los procedimientos aplicados por la entidad. Hasta el anuncio, el Gobierno no había precisado cuánto espera ahorrar ni cuántas medidas de protección podrían ser modificadas o desmontadas.
Fuente: Agencia EFE. · Ver fuente ↗
