ONU advierte que el nuevo decreto sobre protestas en Colombia podría facilitar el uso de l

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 podría facilitar el uso de la fuerza policial durante las manifestaciones. El organismo cuestionó varios aspectos de la norma, que modifica las reglas de actuación de las autoridades frente a las protestas sociales y establece nuevas condiciones para intervenir ante hechos violentos y bloqueos de vías.

En sus observaciones, divulgadas el 15 de octubre, Naciones Unidas señaló que algunos criterios del decreto podrían permitir interpretaciones amplias y discrecionales para dar por terminado el diálogo entre las autoridades y los manifestantes. La preocupación se centra en que esas condiciones podrían abrir paso a intervenciones policiales sin agotar suficientemente las alternativas de mediación.

¿Qué cuestiona la ONU del nuevo decreto?

Entre los aspectos señalados está la definición de los actos de violencia y las circunstancias que justificarían la intervención de la Fuerza Pública. Según el organismo, es necesario diferenciar entre portar un objeto que pueda considerarse un arma, amenazar con utilizarlo y emplearlo efectivamente. La presencia de uno de estos elementos, por sí sola, no determina necesariamente que una manifestación haya perdido su carácter pacífico.

La ONU también advirtió que un bloqueo vial no convierte automáticamente una protesta en violenta. Por ello, pidió que las decisiones sobre una posible disolución tengan en cuenta las circunstancias concretas, la gravedad de la afectación y la existencia de alternativas menos restrictivas para los derechos fundamentales.

El organismo recordó que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el uso de la fuerza, incluidas las armas menos letales, debe constituir un último recurso y ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.

El Gobierno defiende nuevas reglas de actuación policial

El Gobierno colombiano expidió el Decreto 1525 para modificar el protocolo de actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas. La norma contempla distintos niveles de intervención, que incluyen la prevención, el diálogo, la mediación, la disuasión y, cuando corresponda, el restablecimiento del orden mediante unidades policiales especializadas.

El Ejecutivo sostiene que las disposiciones buscan proteger tanto el derecho a la protesta pacífica como otros derechos, entre ellos la movilidad, la salud, el trabajo y el acceso a servicios esenciales. También establece mecanismos para garantizar corredores de paso destinados a ambulancias, misiones médicas y transporte de alimentos y medicamentos.

La discusión se concentra en cómo se aplicarán estas facultades y en las garantías para evitar decisiones arbitrarias durante las movilizaciones.

La protesta pacífica, en el centro del debate

Naciones Unidas indicó que participó en la revisión del proyecto y brindó asistencia técnica al Ministerio del Interior antes de la firma del decreto. Aunque algunas de sus recomendaciones fueron incorporadas al texto definitivo, la oficina mantuvo sus observaciones sobre disposiciones que, a su juicio, requieren especial atención.

La advertencia se produjo en medio de las movilizaciones convocadas en distintas ciudades colombianas el 14 de octubre, en una jornada marcada por cuestionamientos de sectores sociales y políticos a las medidas del Gobierno.

El organismo internacional insistió en que las autoridades deben distinguir entre quienes ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse y quienes cometen actos violentos. La aplicación del decreto será determinante para evaluar si las nuevas reglas mantienen las garantías constitucionales y cumplen con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos.