Entregar armas y revelar nexos políticos: las condiciones del proyecto de sometimiento
El Gobierno radicó un proyecto que contempla rebajas de penas a cambio de desarme, información y compromisos verificables.
Proyecto de ley propone rebajas de penas para integrantes de estructuras criminales
El Gobierno colombiano presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales. La iniciativa contempla posibles reducciones de penas a cambio del cumplimiento de compromisos relacionados con el desarme, la entrega de información y la colaboración con las autoridades judiciales.
De acuerdo con la información publicada por El Espectador el 13 de octubre de 2026, la propuesta pretende establecer una ruta jurídica para que estas organizaciones abandonen sus actividades ilícitas y respondan ante la justicia. El proyecto no plantea una negociación política con los grupos involucrados, sino un mecanismo de sometimiento sujeto a condiciones.
Entrega de armas e información, entre los requisitos
Entre los compromisos contemplados se encuentran la entrega de armas y bienes, la colaboración para identificar rutas del narcotráfico y el suministro de información útil para esclarecer actividades criminales. La iniciativa también pone énfasis en revelar posibles vínculos entre estructuras ilegales y redes de corrupción pública o actores políticos.
Estos aportes buscan que el sometimiento no se limite a la desmovilización de sus integrantes, sino que contribuya al esclarecimiento de hechos delictivos y al debilitamiento de las economías ilegales. La información que entreguen quienes pretendan acogerse tendría que ser evaluada conforme a las condiciones que establezca la ley, si llega a ser aprobada.
¿De cuánto serían las rebajas de penas?
En declaraciones previas, el ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que el proyecto contempla reducciones diferenciadas: del 30 % para personas que ocupen posiciones de mando y de hasta el 50 % para otros integrantes, sujetas a las condiciones y aportes correspondientes. Estas cifras hacen parte de la propuesta divulgada por el Gobierno y no deben interpretarse como beneficios automáticos ni como una garantía de reducción para todos los solicitantes.
La iniciativa también prevé que las autoridades valoren el cumplimiento de las obligaciones y los aportes relacionados con verdad, justicia, reparación y desmantelamiento de las estructuras criminales. El alcance de cada beneficio dependerá del contenido definitivo de la norma y de su aplicación judicial.
El Congreso deberá estudiar la iniciativa
Uno de los aspectos centrales será el trámite legislativo. Al tratarse de un proyecto radicado ante el Congreso, la propuesta debe surtir el procedimiento correspondiente antes de convertirse en ley. Durante ese proceso, los congresistas podrán examinar sus condiciones, debatir sus alcances y proponer modificaciones.
El debate también involucra los derechos de las víctimas, la obligación de esclarecer los delitos y la necesidad de evitar que los beneficios judiciales se concedan sin aportes verificables. Por ello, el contenido definitivo y los mecanismos de supervisión serán determinantes para evaluar cómo funcionaría el modelo.
Por ahora, las condiciones divulgadas corresponden a una propuesta gubernamental. Abra Noticias continuará informando sobre el avance del proyecto, las decisiones del Congreso y los cambios que puedan producirse durante su discusión.
