Presidente De la Espriella modifica protocolo de uso de la fuerza y gestión de protestas.
La nueva normativa establece criterios para la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones y permite actuar contra personas que cometan actos
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, firmó un nuevo decreto que modifica las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las protestas sociales, con el propósito de establecer criterios para el uso de la fuerza y fortalecer la respuesta de las autoridades frente a hechos de violencia.
La medida, anunciada por el Gobierno nacional, introduce cambios al protocolo que regía desde 2021 y busca definir con mayor precisión las circunstancias en las que la Policía puede intervenir durante una movilización. Según lo informado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, la normativa contempla una definición de protesta violenta, criterios para el agotamiento del diálogo y cinco niveles de reacción de las autoridades.
Uno de los principales cambios consiste en permitir que la Fuerza Pública actúe de manera individual contra quienes presuntamente estén cometiendo actos violentos, incluso cuando continúen los procesos de diálogo con el resto de los manifestantes. De esta manera, el Gobierno plantea mantener los canales de mediación para quienes participan pacíficamente y, al mismo tiempo, intervenir frente a conductas que afecten la seguridad y el orden público.
La decisión ha generado debate sobre el equilibrio entre las facultades de las autoridades para mantener el orden y la garantía constitucional del derecho a la protesta pacífica. Entre las principales preocupaciones está la forma en que se interpretarán los criterios de intervención y las garantías para evitar actuaciones desproporcionadas.
El Gobierno sostiene que la intención es diferenciar las manifestaciones pacíficas de los actos violentos y brindar reglas más claras a los uniformados. Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones será determinante para establecer sus efectos sobre los derechos de los ciudadanos y el desarrollo de futuras movilizaciones.
Con este cambio, la administración de De la Espriella introduce una nueva orientación en la gestión de las protestas en Colombia, en un contexto de discusión pública sobre seguridad, orden público y protección de las libertades ciudadanas.
