Gobierno prepara ley de sometimiento para reemplazar la Paz Total en Colombia
El Gobierno impulsa una ley de sometimiento judicial para grupos armados, con énfasis en la seguridad, la justicia y el fin de las negociaciones políticas.
Gobierno busca cambiar la estrategia frente a los grupos armados
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en una nueva estrategia jurídica para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales en Colombia, mediante una propuesta de Ley de Sometimiento a la Justicia que busca reemplazar el modelo de negociación impulsado durante la administración anterior bajo la política conocida como “Paz Total”.
La iniciativa, promovida desde el Ministerio de Justicia, pretende establecer un marco legal para que los integrantes de grupos armados abandonen las actividades ilegales y respondan ante la justicia. De acuerdo con los anuncios oficiales y los reportes periodísticos, la propuesta no contempla otorgar estatus político a estas organizaciones ni suspender las órdenes de captura como condición para iniciar un proceso de sometimiento.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha señalado que la prioridad del Ejecutivo será perseguir a las estructuras ilegales y ofrecer herramientas jurídicas para quienes decidan acogerse a la justicia. La propuesta forma parte de un giro en la política de seguridad del Gobierno, que anunció el cierre de los procesos de diálogo heredados de la administración de Gustavo Petro.
¿Qué cambiaría con la nueva Ley de Sometimiento?
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es diferenciar el sometimiento judicial de una negociación política. Bajo este enfoque, los integrantes de organizaciones armadas tendrían que cumplir las condiciones establecidas por la ley y someterse a los procedimientos judiciales correspondientes, en lugar de participar en mesas de negociación que les otorguen reconocimiento como interlocutores políticos.
El proyecto busca definir las condiciones jurídicas aplicables, las obligaciones de quienes pretendan someterse y las consecuencias derivadas del incumplimiento. Sin embargo, los detalles definitivos dependerán del texto que sea presentado oficialmente, de su discusión en el Congreso y de los controles constitucionales que correspondan.
La propuesta también plantea interrogantes sobre el tratamiento de los distintos grupos armados, las posibles sanciones, la reparación a las víctimas y las garantías para quienes abandonen las actividades criminales. Estos asuntos serán determinantes para establecer el alcance real del mecanismo.
El fin de los diálogos de la Paz Total marca un cambio de rumbo
Durante septiembre de 2026, el Gobierno anunció la terminación de los espacios de diálogo y conversaciones socio jurídicas que seguían vigentes de la administración anterior. La Presidencia justificó la decisión en la necesidad de fortalecer la autoridad estatal y exigir resultados verificables a las organizaciones ilegales.
El cambio representa una modificación importante en la estrategia de seguridad del país. Mientras el modelo anterior promovía diferentes modalidades de diálogo con grupos armados, la nueva administración plantea priorizar la acción de la Fuerza Pública y establecer vías judiciales para quienes decidan abandonar las estructuras ilegales.
No obstante, el desmonte de las mesas de conversación también abre interrogantes sobre las consecuencias humanitarias y las posibilidades de reducir la violencia en los territorios afectados por el conflicto. Las comunidades rurales, las víctimas y los organismos de derechos humanos estarán atentos a las medidas que se adopten y a sus efectos sobre la seguridad.
El proyecto deberá superar el debate legislativo
La Ley de Sometimiento no debe confundirse con una norma ya aprobada. Su contenido definitivo dependerá de la versión radicada ante el Congreso, los debates parlamentarios y las modificaciones que puedan surgir durante el trámite legislativo.
El desafío será construir un mecanismo que permita desarticular organizaciones criminales, proteger a la población civil y garantizar los derechos de las víctimas, dentro del marco constitucional y legal colombiano.
La discusión también pondrá a prueba la capacidad del Estado para combinar acciones de seguridad con mecanismos judiciales eficaces. El resultado de este proceso será relevante para definir cómo responderá Colombia a las organizaciones armadas ilegales y qué alternativas tendrán sus integrantes para abandonar la violencia y reincorporarse a la legalidad.
Por ahora, el alcance definitivo de la iniciativa dependerá del texto oficial y de las decisiones que adopte el Congreso. La evolución del proyecto será clave para determinar si la nueva estrategia logra resultados concretos en materia de seguridad, justicia y reducción de la violencia.
