En el Cauca persisten graves vulneraciones de derechos humanos
15.492 personas han sido desplazadas y 31.471 confinadas según la Defensoría del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se reunió en Popayán con representantes de autoridades regionales y locales, entidades y organizaciones para revisar las vulneraciones de derechos humanos que persisten en el departamento, a un año de la presentación del Informe Defensorial Cauca: voces que resisten 2024 - 2025, una publicación que reúne los principales hallazgos y recomendaciones sobre la situación de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
Durante el encuentro la Defensoría del Pueblo presentó una actualización de las cifras contenidas en el informe y entregó herramientas para orientar las decisiones institucionales con el fin de fortalecer la prevención, protección y garantía de los derechos de las comunidades.
La publicación busca aportar elementos para la toma de decisiones de las autoridades frente a la persistencia del conflicto armado, la reconfiguración de los grupos armados ilegales, las disputas por el control territorial y la expansión de las economías ilícitas, situaciones que continúan afectando especialmente a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y las comunidades campesinas.
El documento señala que el Cauca enfrenta un escenario de violencia y crisis humanitaria asociados a las acciones de distintas estructuras armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y organizaciones del crimen organizado.
Estas estructuras mantienen disputas por corredores estratégicos relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y las rutas hacia el Pacífico, lo que ha profundizado las amenazas, las restricciones a la movilidad y las afectaciones a la población civil.
La Defensoría del Pueblo mantiene 20 Alertas Tempranas activas que abarcan prácticamente todas las subregiones del Cauca y advierten sobre los riesgos asociados a las disputas entre grupos armados ilegales por el control de corredores estratégicos.
Las Alertas más recientes para el departamento son la 018 de 2026, para Popayán, y la 022 de 2026, para Mercaderes.
El panorama de violencia en el Cauca continúa siendo preocupante. De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, entre 2024 y mayo de 2026 se registraron 1.747 homicidios: 827 durante 2024, 848 en 2025 y 72 entre enero y mayo de 2026.
Asimismo, según Indepaz, entre 2024 y julio de 2026 se documentaron 31 masacres que dejaron 134 víctimas. Estos hechos se han presentado en municipios como Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Corinto, López de Micay, Miranda, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío.
La violencia también ha afectado a quienes ejercen liderazgos sociales y trabajan por la construcción de paz. Entre 2024 y el 9 de julio de 2026 fueron asesinadas 17 personas firmantes del Acuerdo de Paz, según Indepaz, mientras que la Defensoría del Pueblo registró 84 homicidios de líderes y lideresas sociales durante el periodo analizado.
“Tristemente persisten los homicidios, las masacres, las desapariciones forzadas, las agresiones contra liderazgos sociales y contra personas firmantes del Acuerdo de Paz. Las personas que resisten la violencia, permanecen en el proceso de paz y han honrado su compromiso con el Acuerdo son más valientes que quienes siguen atacando a la población civil, movidos por intereses relacionados con las economías criminales”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
En relación con la desaparición forzada, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) registró 359 casos entre enero de 2024 y mayo de 2026, concentrados principalmente en Argelia, El Tambo, Patía, Suárez, Santander de Quilichao y Caloto.
El desplazamiento forzado y el confinamiento continúan siendo dos de las afectaciones humanitarias más graves en el Cauca, particularmente en territorios rurales y étnicos donde persisten los enfrentamientos armados y las restricciones impuestas por grupos armados ilegales.
Entre enero de 2024 y junio de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 15.492 personas afectadas por desplazamientos masivos, principalmente en los municipios de Argelia, López de Micay, Balboa y Suárez.
A esta situación se suman 31.471 personas afectadas por confinamiento, de las cuales 14.306 pertenecen a Pueblos Indígenas y consejos comunitarios. Las mayores afectaciones se identifican en el Pacífico caucano y el sur del departamento, donde la presencia de artefactos explosivos, los enfrentamientos armados y el control territorial limitan el acceso a servicios esenciales.




