Seis militares serán investigados disciplinariamente por la Procuraduría General por, presuntamente, haber abusado sexualmente de una menor de quince años perteneciente a la comunidad indígena Nukak Makú. Los hechos se habrían presentado en septiembre de 2019 en las instalaciones del batallón ubicado en la vereda de Charras, en San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare.
Dos suboficiales y seis soldados regulares adscritos al Batallón de Infantería de Selva No. 19 General José Joaquín País Ricaurte fueron vinculados a la investigación disciplinaria después de cuatros años de la denuncia.
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Un procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos adelanta actualmente la recopilación de pruebas documentales y testimoniales con el fin de evaluar la presunta responsabilidad disciplinaria de los militares.
Por su parte, la procuradora General, Margarita Cabello Blanco ordenó la creación de una comisión extraordinaria que estará conformada por representantes de las procuradurías delegadas para Derechos Humanos, Asuntos Étnicos e Infancia, Adolescencia, Mujer y Familia. Este grupo se trasladará al departamento del Guaviare con el fin de conocer la respuesta institucional a las denuncias presentadas recientemente sobre explotación sexual de menores de edad indígenas en la región por parte de militares.
Frente a las denuncias citadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) conformó una comisión especial de la entidad se desplazó al departamento del Guaviare para verificar la atención que se les brinda a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y otras vulneraciones.
La directora del ICBF, Concepción Baracaldo Aldana, dio la instrucción para que se adelanten jornadas de búsqueda e identificación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones, particularmente de control, que requirió a la Fiscalía, la Comisaría de Familia de San José del Guaviare, la Defensoría del Pueblo regional y las defensorías de familia del ICBF datos sobre las denuncias recibidas, entre 2019 y 2022, por hechos relacionados con explotación y violencia sexual de menores pertenecientes a las mencionadas comunidades indígenas.
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En su acción preventiva, iniciada desde 2021, para velar por la garantía de los derechos fundamentales de esta población indígena, la Procuraduría advirtió que, “si en desarrollo de las investigaciones adelantadas se ha podido determinar como posibles responsables miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional o personas naturales que cuenten con la condición de servidores o funcionarios públicos, deberán indicarlo”.
En el documento del Ministerio Público, el ICBF y la Comisaría de Familia de la capital de Guaviare deberán reportar el número de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de menores pertenecientes a las etnias jiw y nukak, que se han adelantado en los últimos cuatro años, precisando la medida adoptada y el motivo del restablecimiento en cada caso en la niñez de las comunidades Nukak y JIW.
