Hurtado enfrenta fallo disciplinario por presunto favorecimiento electoral hacia Aranda.
El pasado 21 de enero, la Procuraduría General de la Nación sacudió el panorama político del Tolima al emitir un fallo en primera instancia contra el exmandatario de Ibagué, Andrés Fabian Hurtado, decisión que generó reacciones inmediatas. La determinación disciplinaria señala una supuesta participación en política durante el proceso electoral de 2023, en favor de la entonces candidata a la Alcaldía de Ibagué, Johana Aranda, episodio que encendió tensiones partidistas y proyecta efectos sobre escenarios futuros.
Según lo expuesto por el Ministerio Público, la investigación se concentró en establecer si existieron conductas prohibidas por parte de un servidor público en ejercicio, relacionadas con respaldos políticos durante una campaña local. Tras una audiencia extensa, el organismo de control concluyó que hubo mérito para imponer una sanción en primera instancia, notificada y apelada ese mismo día por la defensa. La resolución fija una inhabilidad de doce años para ejercer cargos públicos, aunque su aplicación queda supeditada al desarrollo de las siguientes etapas procesales.
Desde sectores políticos se interpretó la decisión como un hecho de alto impacto institucional. Simpatizantes y detractores cruzaron señalamientos en redes sociales. Voces cercanas al Partido de la U insistieron en que el proceso no está cerrado y que existen recursos jurídicos pendientes, por lo que llamaron a la prudencia y al respeto por las garantías legales.
El exmandatario Hurtado reaccionó horas después del anuncio y sostuvo que confía en el trabajo de su equipo jurídico. “Este fallo es de primera instancia y fue apelado de manera oportuna. Tenemos plena confianza en que, con el material probatorio y el trabajo de nuestro equipo jurídico, se demostrará mi inocencia”, afirmó, al recalcar que continuará ejerciendo su derecho a la defensa. Su entorno subrayó que la sanción aún no es definitiva y que el debido proceso contempla revisiones adicionales. El pronunciamiento recordó que, en caso de mantenerse la decisión en segunda instancia, el expediente podría llegar al Consejo de Estado, instancia encargada de adoptar una determinación final conforme a la normatividad vigente.
Más allá del expediente disciplinario, el mensaje enviado a la opinión pública tuvo un componente político. El exalcalde dirigió palabras a los tolimenses y aseguró que mantiene intactas sus aspiraciones futuras. “Nos quieren sacar del camino, pero con la ayuda de Dios no lo lograrán. Nuestro proyecto a la Gobernación del Tolima sigue firme. Seguiremos trabajando con amor, convicción y compromiso por los tolimenses para llegar a las elecciones legislativas y a la Gobernación del Tolima en el año 2027”. Por ahora, la apelación interpuesta mantiene abiertos caminos legales y políticos, mientras la ciudadanía observa un proceso que redefine equilibrios de poder.
