La empresa Air-e, en el tiempo que ha transcurrido del 2023, ha desplegado operativos en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira que han arrojado la detección de 71.805 casos de fraudes de energía, aunque para el mismo periodo del año anterior se reportaron 84.373 casos.
Locales comerciales de toda índole, viviendas en distintos estratos sociales y hasta fincas ubicadas en recónditos lugares del Caribe colombiano han incurrido en un delito que repercute de forma negativa en el bolsillo de los ciudadanos: el robo de energía.
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Las cifras generan alerta
A pesar de la reducción, dicha cifra sigue generando alerta debido a que se traduce en que en 6 de cada 10 revisiones se detectan irregularidades en la prestación del servicio de energía eléctrica.
De acuerdo con los registros de la compañía, los estratos más bajos son los más propicios a esta práctica. En lo corrido del año se han detectado 26.438 casos en el estrato 1, mientras que en el estrato 2 se han encontrado 22.917.
En el estrato 3, por su parte, se han contabilizado 5.177 casos de fraude, mientras que en los estratos 5 y 6 se han encontrado 1.470 y 1.302, respectivamente.
“Lamentablemente en casi todos los estratos hay casos de robo de energía, incluyendo los sectores industriales y comerciales, lo que varía es la forma de hacer el fraude”, aseguró Ramiro Castilla, gerente de Air-e en Atlántico.
Fraudes de energía en las ciudades
Barranquilla, Santa Marta, Soledad y Maicao son los territorios en los que mayor robo de energía ha sido detectado en lo corrido del año, según las cifras aportadas por la institución.
En el caso de la capital del Atlántico se han contabilizado 28.600 casos de fraudes de energía durante 2023, lo que genera un promedio mensual de 5.720. Es decir, el promedio mensual por pérdidas de energía es definido por el orden de $5.195 millones, representados en 30.888.000 kilovatio/hora que no son registrados.
Santa Marta
En Santa Marta, por su parte, se han detectado 10.159 casos en lo corrido del año con una afectación económica de $1.845 millones tras dejar de facturar alrededor de 10.971.720 kilovatios/hora, en promedio.
Riohacha
Mientras que en Riohacha se han encontrado 4.190 predios con fraudes de energía, que corresponden a la pérdida de 4.525.200 kilovatio/hora y $761 millones, en promedio.
Atlántico, Magdalena y La Guajira
De esta forma, el promedio de pérdidas en las capitales de Atlántico, Magdalena y La Guajira oscila en cerca de $11.278 millones, mientras que en los municipios con el porcentaje más alto es de $3.227 millones.
“La energía dejada de facturar, es equivalente aproximadamente a la energía que consume una ciudad como Santa Marta en un mes típico, que tiene cerca de 200 mil clientes”, dijo Castilla.
Las investigaciones
Fermín de la Hoz, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, aseguró que a la fecha se adelantan más de 440 procesos penales y se ha materializado la captura de 183 personas por esta conducta.
“Hay 26 imputados y 9 personas con allanamiento de cargo, con lo que esperamos que, en menos de un año, debemos tener ese mismo número de sentencias condenatorias”, expuso.
Agregó que el resto de los procesos siguen su curso normal, agotando las etapas propias del procedimiento penal para garantizar el debido proceso.
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Medidas para detectar los fraudes de energía
Expuso que además del trabajo conjunto con la Fiscalía y la Policía Nacional, la compañía ha implementado una serie de medidas y operativos tecnológicos para detectar todo tipo de fraude.
De esa manera se han logrado encontrar redes criminales que se dedican a esta actividad ilegal, marañeros que manipulan las redes e infraestructura o personas arbitrarias que alteran los medidores.
“Para hacerle frente a esta situación, Air-e ha implementado la moderna herramienta ‘Octopus’ para combatir el robo de energía. Esta nació del primer reto de innovación abierta que lanzó la compañía. ‘Ennova, menos fraude, mejor energía”, explicó.
Explicó que el equipo está en capacidad de hacer un monitoreo en línea y determinar si existe alguna alteración de los medidores de energía instalados en casas o edificios a través de un seguimiento de los consumos de los usuarios: “Es decir, es un sistema de detección remota de hurto de energía a través de análisis de datos de consumo y balances energéticos”.
La opinión de un experto
El abogado Erick Calderón sostuvo que el delito de defraudación de fluidos se encuentra contemplado en el artículo 256 del Código Penal y conlleva a enfrentar a una pena de prisión de 16 a 72 meses, sumada a una multa entre 1.33 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Cualquier alteración al medidor de los servicios públicos provocada por el actuar de un usuario o suscriptor de contrato de condiciones uniformes, con miras a apropiarse de los fluidos puede hacerlo pasible de una sanción penal”, dijo.
Calderón agregó que de esta conducta se excluyen las alteraciones que ocurren por hechos de la naturaleza o por casos fortuitos, tales como el daño del contador por el paso del tiempo o factores propios de su funcionamiento que impidan la medición en términos normales.
