El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva admitió la demanda de nulidad simple promovida por el concejal y primer vicepresidente del Concejo Municipal de Baraya, Jorge Eduardo Perdomo Gaitán, contra el Municipio de Baraya y su Concejo Municipal. La decisión judicial fue adoptada mediante auto del 23 de enero de 2026, dentro del proceso radicado bajo el número 41 001 33 33 009 2025 00286-00, y corresponde al estudio de legalidad del Acuerdo 16 del 15 de octubre de 2025.
La acción judicial cuestiona el acuerdo “por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para contratar un empréstito, con destino a la ejecución de proyectos de inversión, acorde al Plan de Desarrollo Baraya Vuelve a Progresar 3”. Según el demandante, el acto administrativo debe ser examinado por la jurisdicción contencioso administrativa para verificar su ajuste a la normatividad vigente.
Decisión del juzgado
En el auto de admisión, el despacho judicial determinó que la demanda cumple con los requisitos legales establecidos, ordenando su notificación a las partes involucradas. Asimismo, dispuso informar a la comunidad sobre la existencia del proceso, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 5 del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, dada la posible incidencia del asunto en el interés general.
El juzgado ordenó notificar al Municipio de Baraya y al Concejo Municipal, así como al agente del Ministerio Público para asuntos administrativos. De igual forma, concedió el término legal para que la parte demandada conteste la demanda y ejerza su derecho a la defensa, conforme a los procedimientos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Implicaciones políticas
La admisión de esta demanda abre un escenario de debate jurídico y político en el municipio, al tratarse de un empréstito destinado a proyectos de inversión pública. Aunque el auto no implica un pronunciamiento de fondo, sí activa el control judicial sobre una decisión del Concejo, en un contexto donde la transparencia y la legalidad en el manejo de recursos públicos son temas de alta sensibilidad. El proceso continuará su curso mientras la comunidad permanece atenta a los alcances del fallo que, a futuro, adopte la justicia administrativa.
