Un ataque contra una instalación militar en Ocaña, Norte de Santander, terminó con la muerte de tres integrantes del Ejército Nacional y dejó a otros uniformados heridos. La ofensiva ocurrió durante la noche del viernes 4 de septiembre de 2026 contra el Cantón Militar El Trapiche, donde funciona el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ataque fue ejecutado mediante drones acondicionados con artefactos explosivos. El Ejército atribuyó la acción a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente a estructuras con presencia en la región del Catatumbo.
El hecho inicialmente dejó un balance de dos militares muertos y cinco heridos. Sin embargo, durante la madrugada y la mañana del sábado 5 de septiembre se confirmó el fallecimiento de un tercer uniformado que había resultado gravemente herido, con lo que el número de víctimas mortales ascendió a tres.
¿Qué ocurrió en Ocaña?
El ataque se produjo aproximadamente a las 7:20 de la noche del 4 de septiembre en el Cantón Militar El Trapiche, una instalación donde se encuentra el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander.
Según los reportes conocidos posteriormente, un grupo de drones cargados con explosivos ingresó al área de la instalación militar y varios de los artefactos impactaron dentro del cantón. Las tropas reaccionaron ante la ofensiva y posteriormente desplegaron operaciones de seguridad para revisar el perímetro y descartar nuevas amenazas.
Además de los explosivos lanzados mediante drones, diferentes reportes señalaron la presencia de ráfagas de fusil durante los hechos. La Segunda División del Ejército informó que, después del ataque, tropas que adelantaban labores de seguridad sostuvieron un combate con presuntos integrantes del grupo armado.
La situación también generó preocupación debido a que en las inmediaciones de la instalación militar existen viviendas y otros espacios frecuentados por población civil. Medios locales reportaron que habitantes de la zona vivieron momentos de tensión durante las detonaciones y los enfrentamientos.
Los tres militares que murieron
Las víctimas fueron identificadas por el Ejército Nacional como el capitán Marco David Pirajón Montezuma, el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo y el soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez.
Pirajón Montezuma y Jiménez Jaramillo fallecieron durante los hechos, mientras que Marrugo Manjarrez permaneció bajo atención médica debido a las heridas sufridas durante el ataque. Posteriormente, el Ejército confirmó su muerte, elevando a tres el número de militares fallecidos.
La institución militar informó que dispuso acompañamiento para las familias de los uniformados y señaló que continuaría desarrollando operaciones en la provincia de Ocaña.
Cinco militares resultaron heridos
El balance oficial inicial señaló que cinco militares resultaron heridos durante la acción armada. Uno de ellos fue Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, quien posteriormente murió debido a la gravedad de sus lesiones.
También se reportaron afectaciones materiales dentro de la instalación militar. Una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana recibió impactos de esquirlas durante el ataque, según la información entregada por las autoridades y recogida por diferentes medios.
La Fuerza Pública activó protocolos de seguridad después de las explosiones y desplegó tropas para asegurar el perímetro del cantón militar.
El ELN fue señalado como responsable
Las autoridades colombianas atribuyeron el ataque a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El reporte inicial del Gobierno señaló específicamente al Frente Camilo Torres Restrepo, una estructura del ELN con presencia en Norte de Santander. El presidente Abelardo de la Espriella afirmó, tras conocerse el ataque, que esa estructura había utilizado artefactos explosivos lanzados desde drones contra el Cantón Militar El Trapiche.
La atribución también fue recogida por el Ministerio de Defensa y por la Defensoría del Pueblo, aunque es importante distinguir entre la atribución realizada por las autoridades y una eventual determinación judicial definitiva de responsabilidades individuales.
El ataque ocurrió en medio de una situación crítica en el Catatumbo
Ocaña se encuentra en una zona estratégica de Norte de Santander y hace parte del entorno del Catatumbo, una región que durante los últimos años ha sufrido enfrentamientos entre diferentes organizaciones armadas.
La situación de seguridad ya había generado advertencias oficiales. En marzo de 2026, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 para Ocaña, Ábrego, Río de Oro y González, debido al incremento de la confrontación armada y al riesgo para las comunidades.
La entidad señaló entonces que existían dinámicas relacionadas con la disputa territorial entre el ELN y las disidencias del Frente 33, además de riesgos asociados con controles armados, desplazamientos, extorsiones y otras afectaciones a la población.
La Defensoría también había documentado anteriormente el uso de drones acondicionados con artefactos explosivos en sectores rurales de Ocaña. En su alerta de marzo de 2026 señaló que estos hechos habían generado daños a bienes civiles y temor entre los habitantes.
Por esa razón, el ataque del 4 de septiembre se produjo en un territorio que ya se encontraba bajo especial vigilancia institucional debido a la presencia y actividad de grupos armados.
No fue el único ataque registrado esa noche
La ofensiva contra el cantón militar de Ocaña no fue el único hecho violento reportado en Norte de Santander durante esa jornada.
El Ministerio de Defensa informó sobre otro ataque contra la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, perteneciente al municipio de El Carmen. En ese caso también se reportaron afectaciones a una aeronave de la Fuerza Aérea.
La coincidencia temporal de los dos hechos llevó a las autoridades a tratar ambos ataques como parte de una jornada de acciones armadas contra instalaciones de la Fuerza Pública en la región.
La preocupación por el uso de drones explosivos
Uno de los elementos que llamó especialmente la atención en el ataque de Ocaña fue el uso de drones como medio para transportar y lanzar explosivos.
Los vehículos aéreos no tripulados han comenzado a aparecer con mayor frecuencia en acciones de grupos armados en distintas regiones de Colombia. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el empleo de esta modalidad en Ocaña antes del ataque contra el Cantón Militar El Trapiche.
El uso de estos dispositivos representa un desafío adicional para las Fuerzas Militares porque permite atacar instalaciones o posiciones desde distancia y modificar las características de los ataques convencionales.
En Ocaña, además, el ataque se produjo contra una instalación fija que contaba con personal militar y se encontraba cerca de zonas habitadas, aumentando la preocupación por el riesgo para civiles.
¿Qué dijeron las autoridades?
Después del ataque, el Ministerio de Defensa rechazó los hechos y sostuvo que la acción puso en riesgo tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a la población civil ubicada en los sectores cercanos.
La cartera también afirmó que el ataque vulneró principios de distinción, proporcionalidad y precaución contemplados por el Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó sus condolencias por la muerte del capitán Pirajón Montezuma y de los soldados Jiménez Jaramillo y Marrugo Manjarrez, y manifestó su preocupación por las consecuencias que este tipo de acciones tienen sobre la población de Ocaña.
El Ejército informó que mantendría operaciones militares en la provincia de Ocaña con el objetivo de proteger a la población y fortalecer la seguridad en el área.
El Gobierno anunció una nueva estrategia para el Catatumbo
El ataque también provocó una respuesta política y de seguridad por parte del Gobierno nacional.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que trabajaría con la cúpula militar y de Policía en una nueva estrategia para el Catatumbo. Según explicó, la estrategia estaría dirigida contra las estructuras armadas, sus dirigentes, sus finanzas y las economías ilícitas que las sostienen.
El mandatario también hizo un pronunciamiento dirigido al ELN después de conocerse el ataque, en el que anunció una respuesta militar frente a nuevas acciones contra integrantes de la Fuerza Pública.
Estas declaraciones se produjeron en un contexto de endurecimiento de la política de seguridad del Gobierno frente a los grupos armados que operan en Norte de Santander.
Una región marcada por el conflicto armado
El ataque de Ocaña debe entenderse dentro de una situación más amplia de violencia en Norte de Santander.
El Catatumbo ha sido escenario de disputas territoriales entre organizaciones armadas ilegales, particularmente entre el ELN y estructuras disidentes de las antiguas FARC. Esa confrontación ha producido desplazamientos, restricciones a la movilidad, amenazas contra comunidades y afectaciones a las actividades económicas de la población.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que las dinámicas de control territorial no se limitan a las zonas rurales y que también pueden trasladarse hacia áreas urbanas y municipios ubicados alrededor del Catatumbo.
Ocaña, por su ubicación geográfica y su importancia como punto de conexión entre diferentes municipios de la región, se encuentra dentro de este escenario de disputa.
Un ataque que volvió a poner el foco sobre Ocaña
La muerte de tres militares tras el ataque del 4 de septiembre convirtió el hecho en uno de los episodios más graves registrados recientemente contra la Fuerza Pública en Norte de Santander.
El uso de drones cargados con explosivos, la afectación de una instalación militar y el posterior combate con presuntos integrantes del ELN evidenciaron nuevamente la complejidad de la situación de seguridad en la región.
Las autoridades continúan atribuyendo la acción al ELN y mantienen operaciones en el área, mientras que la población de Ocaña permanece expuesta a las consecuencias de una confrontación armada que, de acuerdo con las advertencias de la Defensoría, ya había generado riesgos importantes para civiles antes de este ataque.
El caso de Ocaña vuelve así a poner sobre la mesa el impacto que tienen las nuevas modalidades de violencia armada en Colombia, especialmente el empleo de drones modificados para transportar explosivos, y los desafíos que enfrentan las autoridades para proteger tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a las comunidades que viven cerca de las zonas de confrontación.
