La Unidad de Restitución de Tierras (URT) salió al paso de recientes cuestionamientos sobre el concurso de méritos para proveer 464 vacantes de carrera administrativa y aseguró que el proceso no corresponde a una decisión improvisada ni representa un detrimento patrimonial. En un pronunciamiento emitido el 12 de agosto de 2026, la entidad, bajo la dirección de Rangel Giovani Yule Zape, explicó que la convocatoria tiene antecedentes desde 2022 y responde a obligaciones legales y requerimientos de organismos de control. Según la URT, la estructuración comenzó cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitó la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera y la cofinanciación del proceso. La Procuraduría también habría instado a la entidad a avanzar en la convocatoria para evitar posibles consecuencias disciplinarias derivadas de demoras.
La convocatoria fue aprobada por la Sala Plena de la CNSC en febrero de 2025 y posteriormente modificada en marzo del mismo año. Para financiarla, la URT realizó una apropiación presupuestal de $1.731 millones, calculada con base en el costo estimado por vacante. La entidad enfatizó que estos recursos corresponden a un aporte legal destinado al desarrollo del concurso y sostuvo que serán liquidados y conciliados una vez finalicen las diferentes etapas, por lo que rechazó que pueda hablarse actualmente de detrimento patrimonial. La realización de las pruebas y las fases restantes está bajo responsabilidad de la CNSC y de la Fundación Universitaria del Área Andina, contratada para ejecutar la operación técnica.
