El secuestro de 29 uniformados en el departamento del Cauca ha generado un fuerte pronunciamiento del Gobierno Nacional, que condenó el hecho y exigió la liberación inmediata de los afectados. Según las primeras versiones, los militares y policías fueron retenidos por un grupo armado ilegal en medio de un operativo en la región.
Desde la Casa de Nariño, el presidente y altos funcionarios expresaron su rechazo a este acto de violencia, calificándolo como una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. «El secuestro no puede ser utilizado como mecanismo de presión ni de intimidación», afirmó un vocero del Gobierno.
Las autoridades han iniciado operativos en la zona para establecer el paradero de los uniformados y garantizar su retorno seguro. Además, se ha solicitado el apoyo de organismos humanitarios para facilitar el diálogo y la mediación en la liberación.
Mientras tanto, la comunidad y las familias de los secuestrados claman por su pronta liberación, mientras el país sigue con atención el desarrollo de esta crisis de seguridad en el suroccidente colombiano.
