Un terremoto político sacude las instituciones administrativas del área metropolitana. La Procuraduría Provincial de Tunja formuló cargos contra Marcela del Pilar García Calderón. La funcionaria ejercía como secretaria general del Concejo de Oicatá por participación en política de manera irregular. El ente de control disciplinario calificó la falta de forma provisional como leve a título de culpa grave.
Las pruebas que la delataron
La investigación disciplinaria se basó en hechos objetivos plenamente demostrados. El Ministerio Público comprobó que García Calderón actuó activamente como testigo electoral. La mujer representó los intereses del movimiento político Pacto Histórico durante los comicios presidenciales. Su acreditación se hizo efectiva en la Institución Educativa Nicolás Cuervo y Rojas.
Cero tolerancia con servidores públicos
La ley colombiana prohíbe taxativamente a los funcionarios ejercer activamente la militancia política. La defensa de los intereses de una colectividad rompe la neutralidad del cargo administrativo. La investigada deberá presentar sus descargos formales ante las autoridades disciplinarias correspondientes en Tunja.
