El desmonte de las mesas de diálogo que dejó el gobierno Petro abrió el debate sobre su verdadera efectividad.
El presidente De La Espriella anunció la suspensión de todo diálogo con estructuras armadas ilegales asegurando que los avances en desarme y sometimiento fueron mínimos, frente a un gasto que, según dijo, supera los $7.000 millones en honorarios a los integrantes de las Comisiones de Paz. En la lista mencionó al nariñense Parmenio Cuéllar Bastidas, lo que hizo que muchos pensaran que ese monto se le había pagado a él.
La realidad es otra. Los integrantes de las mesas fueron contratados a través del Dapre y fondos como el Pnud, con vigencias que iban hasta diciembre de 2026, aunque la mayoría renunció en julio.
En el caso de Cuéllar Bastidas, exsenador y exgobernador de Nariño, fue invitado en varias ocasiones por el coordinador de la Mesa, Armando Novoa, para integrar la delegación del Gobierno ante la autodenominada ‘Segunda Marquetalia’. Cuando aceptó, se firmó contrato con el Dapre, según El Tiempo, por $474 millones desde agosto de 2024 hasta finales de 2026, es decir, 16 millones mensuales, como él mismo aclaró.
Ante las declaraciones del Presidente, Parmenio Cuéllar anunció que acudirá a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para denunciar al mandatario por injuria.
