presuntamente involucrado en acusaciones de corrupción en el ayuntamiento, ciudadanía exige respuestas.
John Carrero se ha consolidado como el epicentro de una presunta red de corrupción que ha desangrado recursos públicos, valiéndose de su posición en entidades estatales y de la práctica de “aunar esfuerzos interadministrativos”. Como gerente de ASDETBOY, entidad que posteriormente fue reestructurada y rebautizada como TIERRASUA SAS, se le acusa de manipular contratos millonarios sin licitación, favoreciendo adjudicaciones directas que eliminan la competencia y concentran beneficios en un reducido grupo de actores. Diversos documentos oficiales, testimonios y análisis periodísticos respaldan la versión de los hechos, aunque las cifras exactas continúan siendo objeto de debate entre distintas fuentes.
Uno de los casos más llamativos es el “Proyecto de Elaboración de Estudios para la Creación del Centro Agroindustrial, Logístico y de Comercialización del Oriente Colombiano”. A pesar de carecer de experiencia en el sector agrícola, la empresa recibió un financiamiento total de 665 millones de pesos, compuesto por 100 millones aportados por IDEBOY y 565 millones por la Gobernación de Boyacá. Además, se impuso un anticipo del 50% y se eliminó la exigencia de garantías, condiciones inusuales que fueron aprobadas de manera irregular por Nubia Elizabeth Bermúdez, directora agropecuaria e interventora, quien posteriormente fue ascendida a la Secretaría de Agricultura. Dichas decisiones, amparadas en el argumento de “aunar esfuerzos interadministrativos”, han sido ampliamente cuestionadas por expertos en contratación pública.
Otro episodio controvertido se registró el 28 de diciembre de 2024, cuando la Gobernación decretó, mediante un procedimiento excepcional, que ese día sería hábil para la adjudicación de un contrato de mantenimiento vial valorado en más de 3.200 millones de pesos. Según los registros, Carrero fue el único oferente, y la aprobación del contrato se efectuó de forma exprés. El documento se firmó el 30 de diciembre, y tanto las actas de inicio como las de finalización se emitieron el 31, reduciendo en la práctica un plazo contractual de cinco días a una ejecución real de solo dos días. Este proceso ha sido duramente cuestionado por especialistas, quienes señalan que dichos plazos son insuficientes para garantizar una obra de calidad y evidencian posibles irregularidades.
Investigaciones preliminares apuntan a que, en un periodo de cuatro años, los contratos adjudicados mediante este esquema han sumado cifras que oscilan entre 30 y 60 mil millones de pesos, según diversas estimaciones. Funcionarios como Paula Cepeda y María Elena Ortiz esta última vinculada a movimientos internos que facilitaron la firma de contratos irregulares han sido señalados como partícipes en este entramado. La transformación de ASDETBOY en TIERRASUA SAS, calificada en ocasiones como una “empresa Frankenstein” por la alteración de sus estatutos, subraya un mecanismo diseñado para el desfalco del erario.
En conclusión, la falta de controles efectivos y sanciones ha mermado la confianza de la ciudadanía y amenaza con perpetuar un modelo de impunidad en la administración pública de Boyacá. La exigencia de investigaciones exhaustivas por parte de la Procuraduría y la Fiscalía resulta imperativa para restaurar la transparencia y la ética en la contratación estatal, evitando que este entramado irregular continúe afectando el desarrollo económico y social de la región.
