El pulso entre el alcalde de Camilo Ospina y ocho concejales de oposición terminó con un revés político para el mandatario. La Procuraduría General de la Nación archivó el proceso disciplinario que cursaba contra los cabildantes, quienes habían bloqueado una iniciativa para reducir subsidios en servicios públicos dirigidos a estratos bajos.
La propuesta del Ejecutivo municipal pretendía recortar aportes en acueducto, alcantarillado y aseo, bajo el argumento de sanear las finanzas locales. Sin embargo, los concejales defendieron la permanencia de los subsidios al considerar que cerca de 4.000 familias vulnerables resultarían afectadas con eventuales alzas tarifarias.
Decisión
El ente de control fue claro: los concejales actuaron dentro del marco de sus funciones legales y no existen méritos para imponer sanciones. Con esta determinación, se desmonta la tesis de extralimitación promovida desde la administración municipal y se refuerza la autonomía del Concejo en el debate presupuestal.
Más allá del archivo disciplinario, el mensaje político es contundente. La decisión valida el control político ejercido por la corporación y deja en entredicho la estrategia del alcalde, que optó por la vía disciplinaria en medio de una discusión que, para muchos sectores, debía resolverse exclusivamente en el terreno democrático.
Cuestionamientos fiscales
Mientras el mandatario pierde esta batalla jurídica, otro frente se abre en su gestión. La Contraloría General de la República detectó presuntos sobrecostos por 186 millones de pesos en un convenio con EMSERPLAT para obras de alcantarillado, correspondiente al contrato 086 de 2024.
Según el informe preliminar, algunos ítems habrían presentado incrementos de hasta el 353 %, una cifra que despierta serias dudas sobre la planeación y supervisión contractual. Aunque el proceso fiscal apenas inicia, el hallazgo aumenta la presión sobre el Ejecutivo local.
El escenario político en La Plata se torna más complejo. La defensa de los subsidios fortaleció a la oposición y dejó al alcalde frente a cuestionamientos que trascienden lo administrativo. En política, las decisiones tienen costo. Y en este caso, el costo no solo fue jurídico, sino también reputacional.
