La tensión internacional creció luego de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre un posible cierre total del espacio aéreo de Venezuela. La administración de Nicolás Maduro rechazó la advertencia, señalándola como una intromisión incompatible con los principios básicos de soberanía consagrados por la ONU.
En su pronunciamiento, Venezuela aseguró que la medida constituiría una amenaza del uso de la fuerza, por lo que anunció la activación de instrumentos multilaterales y la suspensión temporal de vuelos de repatriación. También implementó un plan para asistir a los venezolanos que quedaron sin alternativas de viaje.
El gobierno de Colombia reaccionó rápidamente. El presidente Gustavo Petro cuestionó la legalidad internacional de la advertencia estadounidense y afirmó que ninguna autoridad extranjera puede ordenar el cierre del espacio aéreo de otro Estado sin vulnerar la soberanía nacional.
Petro solicitó al secretario general de la OACI convocar una asamblea extraordinaria para evaluar la situación y pidió a la Unión Europea y a los países del continente mantener sus operaciones aéreas hacia Venezuela. Además, llamó a Washington a respetar el marco jurídico internacional y las reglas que rigen la aviación civil.
