El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, y el secretario de Cultura y Turismo,
Gabriel Enrique Fernández Silva, fueron sancionados en primera instancia con ocho días de
arresto y una multa individual equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales
vigentes, de acuerdo con la información divulgada sobre una decisión judicial relacionada
con un presunto desacato a una acción de tutela.
La actuación judicial estaría relacionada con un fallo de tutela emitido el pasado 27 de
agosto de 2026, a través del cual se habrían establecido obligaciones frente a un derecho
de petición presentado por integrantes del sector artístico y cultural de Popayán. Las
solicitudes estarían relacionadas, entre otros asuntos, con información sobre la situación del
Teatro Bolívar y aspectos de la gestión cultural de la administración municipal.
Según la información conocida, el despacho judicial consideró que se habría presentado un
incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela y, por esta razón, impuso la
sanción contra los dos funcionarios. La decisión contempla tanto la medida de arresto como
una sanción económica individual, en el marco del trámite por presunto desacato.
Sin embargo, la determinación no significa que el alcalde y el secretario hayan sido
trasladados a un centro de reclusión. Al tratarse de una decisión de primera instancia, la
sanción debe surtir el correspondiente trámite de consulta ante el superior judicial, que
deberá revisar la decisión y determinar si esta queda en firme.
El caso se presenta en medio de los reclamos realizados por representantes de diferentes
sectores de las artes escénicas de Popayán, entre ellos organizaciones vinculadas al teatro,
los títeres y el circo. Estos actores han expresado inquietudes relacionadas con las
condiciones del Teatro Bolívar, el acceso a escenarios culturales y el cumplimiento de
compromisos asociados con los estímulos y programas destinados al sector.
Otro de los puntos señalados por representantes culturales está relacionado con los
recursos provenientes de la Ley de Espectáculos Públicos, cuya destinación está orientada
al fortalecimiento de la infraestructura cultural. Los artistas y gestores han solicitado
información sobre el manejo y la inversión de estos recursos en el municipio.
Mientras avanza el trámite judicial, la administración municipal deberá atender las
obligaciones establecidas en el fallo de tutela y responder a las solicitudes que dieron origen
al proceso. La decisión del superior judicial será determinante para establecer el alcance
definitivo de la sanción impuesta en primera instancia.
