Bogotá, 23 de diciembre de 2025.
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que declara el Estado de Emergencia Económica y Social, con el objetivo de cerrar el déficit fiscal generado tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. La medida otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias por 30 días para expedir decretos con fuerza de ley, principalmente en materia tributaria y presupuestal.
El Gobierno argumenta que la situación compromete la financiación de programas sociales y el funcionamiento del Estado. Sectores políticos y empresariales han cuestionado la decisión y advierten sobre un posible exceso en el uso de esta figura constitucional.
La emergencia económica abre un pulso institucional clave: mientras el Gobierno busca liquidez inmediata, la Corte Constitucional será decisiva para definir los límites del decreto.
