Los funcionarios serían identificados como el Intendente Luis Fernando Ramírez Algarra y los patrulleros Jesús Armando Bermeo Medina, John Jairo Suárez Rueda y Óscar Javier Romero, quienes estarían al servicio de una red trasnacional narcotraficante que alteraba los entrenamientos de su perro para que no alertara la presencia de estupefacientes en los contenedores que salían hacia Centroamérica y Europa. Dichos elementos salían ocultados en mercancía desde el puerto de Santa Marta hacia diferentes países del mundo.
Investigación
Las pruebas para la detención de los funcionarios arrojaron que estos, siendo los encargados de las labores de inspección en la plataforma de la termina marítima, habrían recibido altas sumas de dinero para facilitar las cargas contaminadas con cocaína, las cuales tenían como destino final ciudades como Guatemala, México, Bélgica y España.
Lo incautado
Durante el desarrollo de la investigación acerca de los funcionarios de la Policía, a la estructura se le fue incautadas nueve toneladas de clorhidrato de cocaína en Colombia y cinco toneladas en otros países, además de 640.066 dólares y 254’850.000 pesos colombianos.
Los detenidos
El Intendente Luis Fernando Ramírez Algarra, es, al parecer, el responsable de contactar y convencer a los trabajadores del puerto para que permitieran el ingreso de la cocaína camuflada; el patrullero Jesús Armando Bermeo, era el guía canino que habría alterado el entrenamiento del mismo para no dar la señal de alerta al detectar sustancias alucinógenas al interior de los equipajes; mientras que John Jairo Suárez y Óscar Javier Romero, capturados en Girardot, se les atribuyó el permitir el acceso, estadía y tránsito en la terminal marítima de las cargas contaminadas.
Judicialización
Luego de conocer sus derechos como capturados, los funcionarios fueron presentados ante un discal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y ante un juez de control de garantías para que respondieran por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado, mismo que no fue aceptado por los procesados. Ante esto, recibieron medida privativa de la libertad en un centro carcelario del país y las autoridades se encuentran investigando acerca de otras supuestas personas involucradas, mismas que estarían aún facilitando la salida de estupefacientes y alucinógenos a otras partes del mundo, y que, al parecer, se tratarían de más uniformados adscritos a la Policía Nacional.
