La ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025 quedó bajo la lupa de la Contraloría General de la República, luego de que el organismo reportara 84 hallazgos administrativos derivados de 32 auditorías.
Según el informe, 41 de esos hallazgos tendrían presunta incidencia fiscal por $39.139 millones, mientras que 71 presentarían posible incidencia disciplinaria y uno tendría posible incidencia penal.
Las situaciones identificadas estarían relacionadas principalmente con fallas en la planeación, manejo de información, supervisión y control de los contratos, además de posibles sobrecostos en los pagos a manipuladoras de alimentos y en las raciones escolares.
La Contraloría también alertó sobre posibles dificultades para garantizar la continuidad del servicio en 13 entidades territoriales certificadas, debido a que algunos contratos habían finalizado o estaban próximos a terminar sin que, de acuerdo con las auditorías, se evidenciaran nuevos procesos o recursos suficientes para asegurar la prestación del servicio.
PAE atendió a menos estudiantes pese al aumento del presupuesto
A las alertas fiscales y contractuales se suma la preocupación por la cobertura del Programa de Alimentación Escolar.
El director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), Sebastián Rivera Ariza, reconoció la disminución en el número de estudiantes atendidos por el programa, pese al incremento presupuestal registrado al comienzo de 2026.
De acuerdo con Rivera, la cobertura pasó de 5,8 millones de estudiantes en 2022 a cerca de 5,6 millones en 2025.
El funcionario explicó que algunas entidades territoriales habrían optado por destinar mayores recursos al incremento del valor de las raciones, en lugar de ampliar el número de beneficiarios.
Ante esta situación, Rivera anunció controles para verificar que los recursos destinados al PAE se orienten efectivamente a ampliar la atención de estudiantes y garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar.
Congresista había advertido sobre las irregularidades
Las alertas de los organismos de control también fueron relacionadas con cuestionamientos que, según la senadora Lorena Ríos Cuellar, ya habían sido planteados previamente en el Congreso.
La congresista aseguró que durante los últimos dos años solicitó la realización de debates para revisar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y señaló que no habría obtenido respuesta a esas solicitudes.
En febrero de 2026, Ríos afirmó que 800.000 menores no recibían alimentación escolar al inicio del calendario académico y cuestionó las alertas relacionadas con posibles sobrecostos y pagos sin soporte.
La senadora anunció además un debate en la plenaria del Congreso para revisar la implementación del PAE, el uso de los recursos y los mecanismos de vigilancia, así como para solicitar medidas orientadas a garantizar la continuidad del servicio.
Recursos, cobertura y control, en el centro del debate
Los hallazgos reportados por la Contraloría y las declaraciones de la UAPA y del Congreso ponen el foco en tres aspectos de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar: el manejo de los recursos públicos, la cobertura y la continuidad del servicio.
Mientras los organismos de control revisan las posibles responsabilidades derivadas de los hallazgos fiscales, disciplinarios y penales, la administración del programa enfrenta el reto de garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar lleguen de manera efectiva a los estudiantes y que los contratos permitan mantener la prestación del servicio durante el calendario académico.
