La elección del nuevo Contralor Municipal abrió un intenso debate en el Concejo, donde la seguridad jurídica del proceso se convirtió en la principal preocupación. En medio de posturas divididas, el concejal Juan Sebastián Camacho tomó la vocería para exigir mayores garantías antes de que la corporación emita su voto definitivo.
Camacho solicitó que el asesor jurídico del Concejo entregue un concepto individual sobre cada integrante de la terna, revisando posibles inhabilidades e incompatibilidades conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Para el cabildante, no se trata de dilatar el proceso, sino de evitar riesgos disciplinarios o nulidades futuras.
Conceptos y advertencias
En la misma línea, el concejal Luis Alejandro Serna propuso elevar consultas formales ante la Función Pública y el Consejo de Estado, con el fin de blindar institucionalmente la decisión. Incluso planteó solicitar a la Universidad del Tolima una nueva revisión detallada de la terna.
Mauricio Fernando Rojas respaldó esta postura y advirtió que una elección sin respaldo jurídico sólido podría acarrear consecuencias disciplinarias para los concejales. La preocupación no es menor: el voto es político, pero sus efectos pueden ser legales.
Autonomía y transparencia
Por su parte, Juan Carlos Parada defendió la rigurosidad aplicada en el proceso anterior y recordó que los conceptos jurídicos no son vinculantes. Subrayó que la decisión final corresponde a la autonomía política del Concejo, siempre dentro del marco legal.
El presidente de la corporación, Dagoberto Gómez, reiteró el compromiso con la transparencia y aseguró que el proceso cuenta con acompañamiento técnico de la Universidad del Tolima. Sin embargo, el énfasis de Camacho dejó claro que, en esta elección, la prioridad es una: votar sin temor a futuras demandas.
