Tribunal mantiene orden de captura contra Carlos Ramón González por escándalo de la UNGRD
El Tribunal Superior de Bogotá mantuvo vigente la orden de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, investigado por su presunta participación
La investigación por corrupción en la UNGRD continúa avanzando
El escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa generando repercusiones en el panorama judicial colombiano. En una de las actuaciones relacionadas con este caso, el Tribunal Superior de Bogotá mantuvo vigente la orden de captura contra Carlos Ramón González, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
La decisión, reportada el 10 de septiembre de 2026, representa un nuevo capítulo en el proceso que busca esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública y el manejo de recursos destinados a atender emergencias en diferentes regiones del país.
González es investigado por su presunta participación en hechos relacionados con el entramado que habría utilizado recursos y contratos de la UNGRD para favorecer intereses particulares y conseguir apoyos políticos.
Las autoridades judiciales buscan establecer las circunstancias en las que se habrían producido los acuerdos cuestionados, así como identificar a las personas que pudieron intervenir en las decisiones administrativas y contractuales.
¿Qué se investiga en el caso de Carlos Ramón González?
El expediente de la UNGRD reúne diferentes líneas de investigación relacionadas con presuntos actos de corrupción en la contratación estatal. Entre los hechos examinados se encuentran posibles ofrecimientos de beneficios a congresistas y supuestas gestiones para direccionar contratos públicos.
La investigación también busca determinar si existieron actuaciones coordinadas entre funcionarios y otros actores para utilizar recursos públicos con fines distintos a los establecidos legalmente.
En este contexto, Carlos Ramón González aparece como uno de los exfuncionarios investigados. La Fiscalía deberá sustentar las acusaciones con elementos probatorios y garantizar el respeto de sus derechos procesales.
La orden de captura y sus implicaciones judiciales
La decisión de mantener vigente la orden de captura tiene importancia dentro del desarrollo del proceso, pues permite que las autoridades continúen con las actuaciones necesarias para lograr la comparecencia del investigado ante la justicia.
Sin embargo, es fundamental aclarar que una orden de captura no representa una condena ni significa que la responsabilidad penal esté demostrada.
El proceso deberá continuar conforme a las normas judiciales colombianas, con respeto por la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso.
Un escándalo que sigue generando preocupación nacional
El caso de la UNGRD se convirtió en uno de los mayores cuestionamientos sobre la transparencia en la administración de los recursos públicos.
Los recursos de esta entidad están destinados a atender emergencias, apoyar a comunidades afectadas por desastres y desarrollar acciones de prevención y gestión del riesgo.
Por esa razón, las investigaciones han despertado preocupación entre ciudadanos y diferentes sectores políticos, que reclaman claridad sobre el destino de los recursos y las posibles responsabilidades de quienes participaron en las decisiones cuestionadas.
¿Qué puede pasar ahora?
El proceso continuará dependiendo de las decisiones de las autoridades judiciales y de los resultados de las diligencias investigativas.
La Fiscalía tendrá que reunir y presentar los elementos necesarios para sustentar las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, el caso seguirá bajo atención pública debido a sus implicaciones políticas, administrativas y judiciales.
La expectativa está puesta en que las investigaciones permitan esclarecer los hechos, establecer si existieron delitos y determinar las responsabilidades individuales que puedan demostrarse ante los jueces.
La justicia tendrá la última palabra: mientras no exista una sentencia condenatoria, las personas investigadas deben ser consideradas inocentes.
Fuente: Información periodística sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá,
