LA JUSTICIA LO ESTABA BUSCANDO
La responsabilidad penal de la persona capturada deberá establecerse dentro del proceso correspondiente, con respeto por el debido proceso y la presunción.
Un procedimiento de verificación de antecedentes permitió a uniformados de la Policía
Metropolitana de Popayán materializar una orden judicial vigente contra Jorge Alberto
Aragón, requerido por el presunto delito de hurto calificado y agravado.
La actuación se desarrolló en el barrio El Cadillal, donde personal adscrito al Modelo de
Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios adelantaba labores de registro,
identificación y control.
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, durante el procedimiento
los uniformados abordaron al ciudadano y consultaron sus antecedentes mediante un
dispositivo electrónico PDA. La verificación arrojó que tenía un requerimiento judicial
vigente relacionado con el mencionado delito.
Tras confirmar la existencia de la orden, los policías procedieron a hacer efectiva la captura
y a informarle sus derechos como persona detenida, conforme al procedimiento
correspondiente.
Posteriormente, Jorge Alberto Aragón fue dejado a disposición de la autoridad competente,
que deberá adelantar las actuaciones judiciales pertinentes y definir su situación jurídica.
El hurto calificado y agravado contempla circunstancias específicas que pueden aumentar
la gravedad jurídica de una conducta relacionada con la apropiación de bienes ajenos. La
calificación concreta depende de los hechos investigados y de las circunstancias
establecidas dentro del proceso.
En este caso, la información oficial señala que la captura se produjo por una orden judicial
vigente; sin embargo, no se entregaron detalles sobre el hecho que originó el requerimiento,
la fecha de los presuntos acontecimientos ni el despacho judicial que emitió la orden.
La Policía Metropolitana indicó que continuará desarrollando actividades de registro,
control y verificación de antecedentes en diferentes sectores de la capital caucana, como
parte de sus acciones para contribuir a la seguridad ciudadana.
La responsabilidad penal de la persona capturada deberá establecerse dentro del proceso
correspondiente, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
