Tribunal de Ecuador niega hábeas corpus a Luisa González

Un tribunal de la provincia ecuatoriana de Chimborazo rechazó el hábeas corpus presentado por la defensa de Luisa González, excandidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, por lo que deberá continuar en prisión preventiva mientras avanza una investigación por presunto lavado de activos.

La decisión fue anunciada el lunes 9 de noviembre de 2026 y adoptada por unanimidad. Los magistrados consideraron que la privación de libertad de González no fue ilegal, arbitraria ni ilegítima, al establecer que la orden judicial fue emitida por una autoridad competente.

La acción constitucional buscaba que la política pudiera afrontar en libertad el proceso penal relacionado con el denominado caso Laberinto. Su defensa cuestionó la legalidad de la detención y solicitó que se revisaran las condiciones en las que fue privada de la libertad.

Los argumentos del tribunal y la respuesta de la defensa

Durante la audiencia, los jueces analizaron los cuestionamientos presentados por los abogados de González, quienes sostenían que existían irregularidades en el procedimiento y que la orden de prisión preventiva no cumplía las condiciones legales correspondientes.

Sin embargo, el tribunal concluyó que no se acreditó una vulneración constitucional del derecho a la libertad. También descartó que la autoridad judicial que dispuso la medida careciera de competencia para intervenir en el proceso.

Tras conocerse la resolución, Diego Guarderas, abogado de la excandidata, anunció que presentará un recurso de apelación. La defensa considera que los magistrados no valoraron adecuadamente las pruebas aportadas durante la diligencia.

González participó en la audiencia mediante videoconferencia desde la cárcel de mujeres de Riobamba, donde permanece recluida. Después de conocer el fallo, manifestó a sus compañeros del movimiento político que continuaran con la lucha.

¿Qué investiga el caso Laberinto?

La investigación judicial se centra en el presunto lavado de activos y en posibles irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Revolución Ciudadana en 2023, en la que González participó como candidata.

Según las hipótesis investigadas por la Fiscalía General del Estado, los recursos utilizados para financiar actividades políticas podrían tener un origen ilícito. Entre las líneas de investigación se encuentran posibles aportes de dinero procedentes de Venezuela y movimientos financieros relacionados con empresas vinculadas al entorno empresarial de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.

El caso también examina el posible ingreso de recursos no declarados y su utilización dentro de la estructura de financiación política. No obstante, estas circunstancias forman parte de las hipótesis de la investigación y deberán ser demostradas durante el proceso judicial.

El rechazo del hábeas corpus no representa una declaración de culpabilidad sobre los delitos investigados, sino una decisión relacionada con la legalidad de la privación de libertad.

Mientras se tramita la apelación anunciada por su defensa, Luisa González continuará bajo prisión preventiva. El proceso penal seguirá su curso y las autoridades deberán determinar si existen responsabilidades por los hechos investigados.