JEP imputa a 11 excomandantes de las FARC por violencia y esclavitud sexual

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de las extintas FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con violencia sexual, esclavitud sexual, persecución y agresiones basadas en género contra la población civil durante el conflicto armado colombiano. La decisión, anunciada el 9 de noviembre de 2026, identifica a los comparecientes como máximos responsables por su participación directa en los hechos o por las posiciones de mando que ocuparon dentro de la organización guerrillera.

La investigación, correspondiente al Subcaso 01 del Caso 11, documentó patrones de violencia contra mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. La imputación también comprende delitos como homicidio, tortura, violación, tratos crueles y desplazamiento forzado.

Una investigación sustentada en 743 víctimas

La Sala de Reconocimiento de Verdad construyó su decisión a partir de los relatos de 743 víctimas acreditadas, entre ellas 573 mujeres, incluidas 18 mujeres trans, y 81 hombres, seis de ellos trans. Además, identificó que 272 personas eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.

El material probatorio también incluyó 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, así como las versiones entregadas por 54 antiguos integrantes de las FARC-EP ante la Jurisdicción.

Entre los hallazgos, la JEP identificó dos patrones principales: violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres por el hecho de ser mujeres, y agresiones motivadas por prejuicios relacionados con la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.

La investigación estableció que estas conductas no fueron hechos aislados. En distintos territorios, integrantes de la antigua guerrilla aprovecharon su poder armado y las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas para cometer agresiones sexuales, imponer castigos y ejercer control sobre las comunidades.

Los 11 antiguos comandantes señalados

Los comparecientes identificados por la JEP pertenecieron a diferentes estructuras de las extintas FARC-EP, entre ellas los bloques Sur, Oriental, Noroccidental y Occidental, además del Comando Conjunto Central.

La lista está integrada por Fabián Ramírez Cabrera, conocido como 'Fabián Ramírez'; Floresmiro Burbano, alias 'Martín Corena'; Élmer Caviedes, conocido como 'Albeiro Córdoba'; Bertulfo Caicedo Garzón, alias 'Alberto Pitufo'; y Jaime Vásquez Calderón, conocido como 'Arquímedes'.

También fueron imputados Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias 'Isaías Trujillo'; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como 'Anderson' o 'Carranza'; Luis Eduardo Rayo, alias 'Marlon'; Gustavo Bocanegra Ortegón, conocido como 'Donald'; Jair Enrique Acosta Cuantindioy, alias 'Javier Guzmán' o 'Chugo', y Reinel Natalio García Mojica, conocido como 'Ricardo el Pija'.

La Sala determinó que algunos de los comparecientes habrían cometido directamente los delitos, mientras que otros tendrían responsabilidad por no prevenir, investigar ni sancionar las agresiones perpetradas por sus subordinados. La JEP también señaló que ninguno de los 11 había estado en prisión anteriormente por estos crímenes.

Violencia sexual como mecanismo de control y castigo

Entre los hechos documentados aparecen agresiones contra mujeres señaladas de colaborar con la fuerza pública, incumplir órdenes de la guerrilla, resistirse al reclutamiento forzado o negarse a pagar extorsiones. Según la investigación, la violencia sexual también fue utilizada para imponer autoridad y castigar comportamientos considerados contrarios a las normas establecidas por la organización armada.

Uno de los casos registrados ocurrió en 2002, en una zona rural de Vistahermosa, Meta, donde una mujer fue agredida sexualmente por un integrante de las FARC-EP y amenazada de muerte junto con su hija si denunciaba lo sucedido.

La investigación también documentó el caso de una niña de 12 años que fue trasladada desde Cauca hacia Putumayo y posteriormente llevada a un campamento guerrillero. Durante cuatro años habría sido sometida a violencia sexual, física y reproductiva, además de ser obligada a realizar labores domésticas. Su padre, quien intentó rescatarla, fue torturado y asesinado.

La JEP identificó igualmente agresiones contra hombres y personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, quienes sufrieron violencia física, sexual, amenazas y desplazamientos por prejuicios relacionados con su identidad.

Qué sigue en el proceso judicial

Con la notificación de la decisión, los 11 comparecientes cuentan con 20 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen o rechazan los hechos y las responsabilidades que les atribuye la Jurisdicción. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público disponen de 85 días hábiles para presentar observaciones.

Si los antiguos comandantes reconocen su responsabilidad y contribuyen al esclarecimiento de la verdad, la JEP podrá convocar una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, preparada con participación de las víctimas. Posteriormente, el proceso podría avanzar hacia la imposición de sanciones propias de carácter restaurativo, que contemplan restricciones efectivas de derechos y libertad, sin implicar necesariamente prisión.

En caso de que los comparecientes nieguen su responsabilidad, sus expedientes podrán ser trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para avanzar hacia un juicio. Si son declarados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.

La decisión representa un avance en el esclarecimiento de las violencias sexuales y de género cometidas durante el conflicto armado y busca responder a las víctimas que durante años no encontraron justicia. La Jurisdicción destacó que los crímenes atribuidos, por su gravedad, no pueden recibir perdón judicial.