Transportadores alertan: señalamientos incrementan el riesgo de extorsión en Arauca
La empresa negó de manera categórica cualquier vínculo con estructuras criminales y aseguró que, tras la difusión de esas versiones, recibió nuevas amenazas.
Piedemont anunció acciones judiciales y de protección tras denunciar que mensajes difundidos en espacios radiales la vincularon con supuestos pagos a grupos armados ilegales. La empresa negó esas versiones y sostuvo que su circulación elevó el riesgo para sus trabajadores, conductores, directivos y familias en Arauca.
La compañía afirmó que no entrega recursos a organizaciones ilegales ni cumple funciones de intermediación para intereses criminales. También advirtió que una acusación sin verificar puede superar el plano reputacional y afectar la seguridad de quienes desarrollan actividades de transporte en una región golpeada por la violencia.
Piedemont denunció nuevas exigencias después de los mensajes radiales
Según informó la empresa, terceros habrían formulado nuevas amenazas y exigencias después de que se difundieran los señalamientos radiales. Piedemont sostuvo que esas comunicaciones utilizaron la versión sobre presuntos pagos extorsivos para aumentar la presión sobre la compañía.
La firma indicó que corresponde a las autoridades establecer quiénes enviaron esos mensajes, de dónde provinieron y si existe una relación demostrable entre la difusión radial y el incremento de los riesgos denunciados.
El abogado penalista y constitucionalista José Moreno Caballero, apoderado de la empresa, afirmó: “Una acusación sin verificar no solo puede dañar una reputación. En un territorio afectado por la violencia, también puede poner vidas en riesgo”.
La defensa señaló que Piedemont acudió previamente a las instituciones como víctima de hechos violentos. Bajo esa premisa, rechazó que la empresa sea presentada como aliada de las estructuras que, según su postura, han afectado su operación.
Moreno Caballero sostuvo que la compañía no aceptará que se conviertan sospechas, fuentes anónimas o interrogantes en afirmaciones públicas de culpabilidad. La empresa insistió en que cualquier señalamiento de esa naturaleza debe contar con pruebas.
La Fiscalía deberá determinar el origen y el alcance de las comunicaciones
Piedemont anunció que acudirá a la Fiscalía General de la Nación para pedir una investigación sobre el origen, el contexto y el alcance de las comunicaciones que la relacionaron con organizaciones armadas ilegales.
La solicitud también buscará que el ente investigador determine si los hechos contienen conductas que puedan tener relevancia penal. La empresa indicó que preserva los elementos disponibles para respaldar las actuaciones que promoverá.
“No vamos a permitir que una empresa que ha acudido a la justicia como víctima sea presentada, sin pruebas, como aliada”, expresó Moreno Caballero al referirse a los señalamientos difundidos.
La compañía añadió que promoverá acciones penales, constitucionales y administrativas. Entre ellas, mencionó el ejercicio de su derecho a solicitar la rectificación de afirmaciones que considera inexactas, no verificadas o presentadas de una forma que atribuye responsabilidades no demostradas.
Piedemont planteó que la libertad de prensa y la reserva de las fuentes son garantías fundamentales. A la vez, sostuvo que el ejercicio periodístico exige corroborar las informaciones antes de divulgar acusaciones que puedan afectar a personas o empresas.
El apoderado cuestionó que el uso de expresiones como “presuntamente” sea suficiente para corregir una narrativa cuando esta puede ser entendida por el público como un hecho probado. La compañía busca que se rectifiquen los datos que considera incorrectos.
La empresa pedirá medidas para trabajadores, conductores y directivos
La transportadora también solicitará a la Policía Nacional una evaluación especializada y urgente de las condiciones de seguridad de sus trabajadores, conductores y directivos. El objetivo será definir las medidas preventivas que resulten necesarias frente al escenario denunciado.
Piedemont remarcó que la preocupación alcanza a las familias vinculadas con su actividad. Para la empresa, la exposición pública derivada de los mensajes difundidos puede facilitar que actores ilegales dirijan amenazas o exigencias contra personas relacionadas con la operación.
Los hechos también serán llevados ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). La compañía pedirá que la entidad examine las circunstancias relacionadas con el servicio de radiodifusión sonora y la divulgación de contenidos que, según su denuncia, pueden aumentar riesgos en territorios afectados por la criminalidad.
La firma sostuvo que mantendrá sus operaciones y sus obligaciones bajo criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad. Su estrategia de defensa, agregó, se basará en documentos, pruebas y el debido proceso.
Piedemont reiteró que las acusaciones graves deben ser demostradas o rectificadas. La empresa dejó en manos de las autoridades la determinación de responsabilidades por las amenazas denunciadas y por la posible conexión con las versiones que circularon en las emisiones radiales.
Fuente: Reporte de prensa
