SE DISPARA LA EXTORSIÓN EN TUNJA
Las llamadas extorsivas y los contactos mediante redes sociales figuran entre las modalidades identificadas.
La extorsión continúa siendo una de las problemáticas de seguridad en Colombia. Entre 2016 y 2024, los casos registrados en el país aumentaron 182,9 %, al pasar de cerca de 4.900 a 13.869, según un estudio divulgado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y el Departamento Nacional de Planeación. Tunja también figura entre las ciudades que reportaron incrementos en este delito. El informe, titulado Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia, recopiló 111.186 casos registrados entre 2010 y 2025 en las estadísticas de la Policía Nacional. De acuerdo con el documento, el incremento de la extorsión en las 32 capitales del país alcanzó el 201,5 % entre 2016 y 2024, una variación superior a la registrada en el conjunto nacional. En Tunja, los registros de extorsión aumentaron 76,7 % en 2025 frente al año anterior, según los datos presentados en el estudio. La capital boyacense aparece junto a otras ciudades con incrementos, como Cartagena, donde los casos pasaron de 197 en 2024 a 382 en 2025, un crecimiento del 93,9 %. También se reportaron aumentos en Pasto, con 37,8 %, y Sincelejo, con 36,6 %. Pese a este panorama, las cifras nacionales mostraron una reducción del 3,2 % durante 2025, cuando se contabilizaron 13.428 casos. Sin embargo, el informe advierte que el comportamiento del delito varía entre territorios y plantea la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales. Entre las modalidades identificadas, la extorsión telefónica representó el 48,8 % de los casos
registrados en las capitales durante 2025. Por su parte, las prácticas asociadas con redes sociales y tecnologías de la información y las comunicaciones pasaron de representar el 7,6 % en 2016 al 18,6 %. El estudio también advierte que cerca del 70 % de las llamadas extorsivas podrían originarse en establecimientos penitenciarios, según una estimación policial citada en el documento. Además, menos del 20 % de los hechos reales serían denunciados, situación que dificulta conocer la dimensión del problema. Por ello, el informe señala la importancia de fortalecer los mecanismos de denuncia y la protección de las víctimas.
