¿Pueden cobrarse intereses, cláusula penal e indemnización por un mismo incumplimiento?

Por Enderson Jesús Sanz Da Silva — Abogado

El endeudamiento de los hogares colombianos continúa creciendo. Según el Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026, publicado por el Banco de la República, las obligaciones de las familias alcanzaron los $384,1 billones al cierre de 2025, lo que representó un incremento real anual del 3,2 %. Adicionalmente, mediante un análisis con una cobertura más amplia de acreedores, el informe estimó que, a marzo de 2026, la cartera de los hogares ascendía a $424 billones, de los cuales el 17 % correspondía a entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera. A este panorama se suma una preocupación reciente de las autoridades financieras: la tendencia creciente de la cartera vencida, señalada en octubre de 2026, aunque los indicadores de morosidad todavía se mantienen en niveles bajos.

En medio de esta realidad surge una pregunta que interesa tanto a quienes deben dinero como a quienes tienen derecho a cobrarlo: ¿qué sucede cuando una obligación no se paga oportunamente? ¿Puede el acreedor exigir el capital, cobrar intereses moratorios, aplicar una cláusula penal y reclamar, además, una indemnización de perjuicios?

La respuesta tiene importantes consecuencias económicas. Una deuda inicialmente manejable puede convertirse en una reclamación considerablemente mayor. Sin embargo, el incumplimiento de una obligación no significa que todos los cobros adicionales sean automáticamente procedentes. La legislación colombiana establece reglas que permiten determinar cuándo pueden acumularse estas exigencias y cuáles son sus límites.

Lo primero: la deuda no es lo mismo que los perjuicios

Si una persona debe diez millones de pesos por una obligación válida y exigible, reclamar esa suma significa pedir el cumplimiento de lo pactado. No se trata, por sí mismo, de una sanción ni de una indemnización.

Distinto es solicitar dinero adicional porque el pago llegó tarde o porque una prestación no se ejecutó. Allí aparecen los intereses de mora, las cláusulas penales y la indemnización de perjuicios. Aunque pueden relacionarse con el mismo contrato, no cumplen necesariamente la misma función ni obedecen a idénticos requisitos.

Por esa razón, antes de sumar conceptos, es indispensable identificar qué obligación se incumplió, cuándo debía cumplirse y qué consecuencia se acordó para ese incumplimiento. También importa establecer si se reclama el cumplimiento del contrato o si, por el contrario, se pretende una compensación por su inejecución definitiva.

Los intereses de mora compensan el retraso en el pago

Cuando la obligación consiste en pagar dinero, los intereses moratorios buscan reparar las consecuencias del pago tardío. El artículo 1617 del Código Civil regula la indemnización por mora en obligaciones dinerarias y señala que, cuando se cobran únicamente intereses, no es necesario demostrar un perjuicio adicional: basta acreditar el retardo jurídicamente relevante.

En los negocios mercantiles, el artículo 884 del Código de Comercio establece reglas propias sobre intereses y sus límites. Por ello, no puede aplicarse indiscriminadamente una misma tasa a cualquier deuda, ni suponerse que la voluntad de las partes permite cobrar intereses sin restricciones legales.

Así, quien reclama una factura o un saldo insoluto puede tener derecho a exigir el capital y los intereses moratorios que correspondan. Son conceptos diferentes: el primero representa lo que debía pagarse; los segundos, la consecuencia del retraso. Pero la procedencia y liquidación de estos últimos deben ajustarse a la naturaleza de la obligación, el momento de constitución en mora y las disposiciones aplicables.

La cláusula penal no siempre cumple la misma finalidad

La cláusula penal es una estipulación mediante la cual las partes prevén una prestación económica u otra consecuencia para el caso de incumplimiento o retardo. Su definición se encuentra en el artículo 1592 del Código Civil.

Puede pactarse para compensar anticipadamente los perjuicios de un incumplimiento, o para sancionar específicamente la demora. Esa distinción es decisiva.

Una cláusula penal compensatoria suele reemplazar la valoración judicial de los daños derivados del incumplimiento que cubre. En cambio, una cláusula penal moratoria se relaciona con el retraso en cumplir una obligación que todavía puede ejecutarse.

El artículo 1594 del Código Civil contiene una regla importante: como principio, no pueden reclamarse simultáneamente el cumplimiento de la obligación principal y la pena. Sin embargo, permite esa acumulación cuando la pena se pactó para el simple retardo o cuando se estipuló que su pago no extingue la obligación principal.

Esto significa que no basta encontrar en el contrato una cláusula titulada «penal». Debe leerse su contenido. Una penalidad por no entregar definitivamente un bien no puede tratarse sin más como una penalidad por entregarlo unos días tarde. Tampoco se puede ignorar una reserva contractual expresa que autorice exigir la prestación y la pena en los términos legalmente permitidos.

¿Se pueden cobrar, además, otros perjuicios?

Aquí aparece una disposición especialmente clara. El artículo 1600 del Código Civil establece, como regla general, que no puede pedirse al mismo tiempo la cláusula penal y la indemnización de perjuicios, salvo que las partes hayan pactado expresamente esa posibilidad. El acreedor, en principio, puede elegir entre reclamar la pena acordada o demostrar los perjuicios cuyo resarcimiento pretende.

La razón es comprensible: si las partes calcularon anticipadamente cuánto habría de pagarse por determinado incumplimiento, normalmente no corresponde volver a cobrar, bajo otro nombre, la misma afectación.

Esta elección también tiene consecuencias probatorias. El artículo 1599 permite exigir la pena estipulada sin necesidad de demostrar que el incumplimiento produjo efectivamente un perjuicio. Quien prescinde de esa estimación convencional y demanda una indemnización ordinaria, en cambio, debe acreditar los presupuestos de responsabilidad y los daños reclamados.

Por supuesto, el acuerdo expreso que permite acumular pena e indemnización no autoriza cobros contrarios a los límites legales ni dispensa de demostrar los perjuicios adicionales cuya reparación se solicita. La posibilidad de acumular conceptos no equivale a un cheque en blanco.

¿Y si se exigen intereses de mora y cláusula penal al mismo tiempo?

Este es uno de los puntos más delicados. No resulta correcto afirmar que ambos cobros son siempre incompatibles, pero tampoco que pueden sumarse automáticamente por aparecer escritos en el contrato.

Hay que examinar qué obligación protege la cláusula penal y qué consecuencias pretende compensar. Por ejemplo, no es idéntico pactar una penalidad por incumplir la entrega de una mercancía y reclamar intereses por el pago tardío de una suma de dinero, que imponer una pena por el mismo retraso dinerario al que ya se aplican intereses moratorios. En este último supuesto adquiere especial importancia evitar que una sola afectación se indemnice dos veces sin fundamento jurídico suficiente.

La discusión no es puramente académica. En la sentencia SC507-2023, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia reconoció, atendiendo las circunstancias del litigio, el saldo adeudado, la cláusula penal pactada y los intereses moratorios calculados sobre aquel saldo. La decisión contó con salvamentos parciales de voto; uno de ellos planteó reparos relacionados con el riesgo de una doble indemnización.

La enseñanza para quienes celebran contratos es concreta: la naturaleza de cada cobro, la redacción de las cláusulas y las circunstancias del caso importan más que la simple suma de porcentajes. Una sentencia que admite determinados conceptos en un litigio no significa que cualquier acreedor pueda exigirlos de igual manera en todos los contratos.

Lo pactado también tiene límites

El hecho de haber firmado un contrato no convierte en incuestionable cualquier penalidad. En materia civil, el artículo 1601 del Código Civil contempla la reducción de la llamada cláusula penal enorme en los supuestos allí definidos. En el ámbito mercantil, el artículo 867 del Código de Comercio establece límites y mecanismos de moderación de la pena, según las características de la obligación.

También importa el cumplimiento parcial: si el deudor ha ejecutado una parte de la prestación y el acreedor la aceptó, el artículo 1596 del Código Civil prevé la rebaja proporcional de la pena en los términos de esa norma.

Por lo tanto, ante una reclamación elevada, conviene revisar la obligación efectivamente incumplida, los pagos realizados, la fecha de exigibilidad, la forma de liquidar los intereses, el alcance de la cláusula penal y el fundamento de los daños adicionales. Del lado del acreedor, esa misma revisión permite formular una pretensión jurídicamente sólida y evitar que una solicitud excesiva debilite una reclamación legítima.

Cobrar lo debido sí; cobrar dos veces lo mismo exige una justificación que la ley admita

Un contrato incumplido puede generar varias consecuencias económicas, pero cada una necesita fundamento propio. El capital, los intereses moratorios, la cláusula penal y la indemnización de perjuicios no son expresiones intercambiables, ni su acumulación se resuelve con una operación aritmética.

En conclusión, sí pueden existir situaciones en las que proceda reclamar más de uno de esos conceptos, pero es indispensable verificar la ley aplicable, el contenido del contrato, la función de la cláusula penal y las reglas que impiden o condicionan la acumulación de indemnizaciones.

La buena fe contractual obliga a cumplir lo prometido. También exige que el cobro de las consecuencias del incumplimiento respete sus límites. Porque una deuda debe pagarse, pero un mismo incumplimiento no puede convertirse, por sí solo, en una fuente ilimitada de cobros.