Procuraduría formula cargos contra seis funcionarios del Inpec por parranda vallenata en c
La celebración de una parranda vallenata al interior de una cárcel de Antioquia sigue generando repercusiones disciplinarias.
Seis funcionarios deberán responder por los hechos
Los acontecimientos se registraron el 8 de abril de 2026 en el Complejo Penitenciario y Carcelario La Paz, ubicado en Itagüí, Antioquia. Durante esa jornada se realizó una presentación musical de vallenato en la que participó el cantante Nelson Velásquez, situación que generó controversia por las condiciones en las que se habría autorizado el ingreso de los artistas.
De acuerdo con la investigación adelantada por el Ministerio Público, se habrían presentado posibles fallas en los procedimientos de registro y en los informes oficiales relacionados con la entrada y salida de personas del establecimiento.
Los funcionarios vinculados al proceso son Fabián Leandro León Rodríguez, director encargado de la cárcel; Heyler Antonio Fracica Sarmiento; Fredy Antonio Ciprián Díaz; Salvador del Cristo Jiménez Palencia, inspector jefe; Eduardo Parra Ceballes, inspector, y Juan Diego Ospina Morales, dragoneante.
La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. No obstante, la formulación de cargos no significa que los señalados hayan sido declarados responsables, pues el proceso debe continuar con las etapas correspondientes y garantizar el derecho a la defensa.
Cuestionamientos por el ingreso de los artistas
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con el ingreso de la agrupación musical al centro penitenciario. Según los pronunciamientos oficiales conocidos tras la polémica, la presentación no habría contado con la autorización institucional correspondiente.
El entonces ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció sobre lo ocurrido y señaló la necesidad de esclarecer las circunstancias que permitieron la realización del evento.
La situación provocó cuestionamientos sobre los mecanismos de control de la cárcel La Paz, especialmente por tratarse de un establecimiento penitenciario en el que permanecen personas privadas de la libertad vinculadas a organizaciones criminales.
Las autoridades buscan establecer si existieron omisiones en el cumplimiento de los protocolos y si los funcionarios involucrados actuaron de manera contraria a sus responsabilidades.
Abren otra investigación contra dos funcionarios
Además de los seis servidores públicos a quienes se les formuló pliego de cargos, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao.
Esta actuación está relacionada con posibles irregularidades en los registros del sistema Sisipec 1, herramienta utilizada por el Inpec para administrar información penitenciaria y controlar diferentes procedimientos dentro de los establecimientos carcelarios.
El organismo de control busca determinar si las posibles fallas informáticas o administrativas incidieron en el registro de los movimientos de personas durante la jornada en la que se llevó a cabo la parranda vallenata.
Por otra parte, la investigación también tuvo avances frente a otros dos dragoneantes, Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David, quienes, según la información divulgada, confesaron su responsabilidad en los hechos investigados.
Asimismo, se remitieron copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe si las actuaciones de algunos de los involucrados podrían tener implicaciones penales.
El escándalo tuvo repercusiones en los diálogos de paz urbana
La controversia no se limitó al ámbito penitenciario. Los acontecimientos también tuvieron consecuencias en los espacios de interlocución que el Gobierno nacional mantenía con representantes de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
En abril de 2026, el Gobierno anunció la suspensión provisional de esos espacios mientras se aclaraba lo sucedido y se examinaban las posibles implicaciones de la participación de voceros de organizaciones criminales en la celebración.
El episodio puso nuevamente sobre la mesa el debate acerca de los controles dentro de las cárceles colombianas y la necesidad de garantizar que las actividades realizadas en estos establecimientos cumplan con las normas de seguridad y los procedimientos institucionales.
¿Qué sigue en el proceso disciplinario?
Con la formulación del pliego de cargos, el proceso avanza hacia la etapa de juzgamiento, en la que se examinarán las pruebas y los argumentos de los funcionarios señalados.
La Procuraduría deberá establecer si existieron incumplimientos de las obligaciones propias de sus cargos y determinar las eventuales responsabilidades individuales. Mientras tanto, los investigados conservan el derecho a presentar sus explicaciones y ejercer su defensa.
El caso de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí se convirtió en un episodio de alto impacto para el sistema penitenciario, al poner en discusión la efectividad de los controles internos y la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la seguridad de los establecimientos carcelarios.
