Procuraduría formula cargos a seis funcionarios del INPEC por parranda en Itagüí

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso y la salida de personas del centro de reclusión La Paz, en Itagüí, Antioquia. El caso está relacionado con una presentación musical realizada el 8 de abril de 2026, que desató cuestionamientos sobre los controles de seguridad del establecimiento penitenciario.

Según el organismo de control, encabezado por Gregorio Eljach Pacheco, los funcionarios habrían omitido registros y reportes de novedades relacionados con el ingreso de personas y la realización del evento. Además, se busca esclarecer las condiciones en las que los visitantes ingresaron y permanecieron dentro del penal.

La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas gravísimas a título de dolo. El proceso continuará en la etapa de juzgamiento disciplinario, durante la cual los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa. Asimismo, el organismo remitió copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la posible comisión de delitos.

Una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí

La controversia se originó por una presentación musical realizada en uno de los pabellones de la cárcel La Paz, donde permanecen recluidos cabecillas de estructuras vinculadas a la mesa de paz urbana.

De acuerdo con denuncias públicas, en el evento habría participado el cantante vallenato Nelson Velásquez. También surgieron señalamientos sobre la presunta presencia de licor y comida dentro del establecimiento penitenciario, circunstancias que generaron interrogantes acerca de los protocolos de ingreso y vigilancia.

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla difundió imágenes y videos relacionados con la entrada del artista y cuestionó los controles de acceso al centro de reclusión. Posteriormente, publicó registros de cámaras externas que, según su interpretación, evidenciarían posibles fallas en la vigilancia de la entrada.

Carrasquilla también puso en duda los beneficios asociados a la política de paz urbana, en el marco de las condiciones de reclusión de personas vinculadas a las estructuras que participan en esos procesos.

Sin embargo, los señalamientos sobre las circunstancias del evento y las posibles responsabilidades individuales deberán ser evaluados por las autoridades competentes a partir de las investigaciones correspondientes.

INPEC ordenó cambios e inició investigaciones

Tras conocerse lo ocurrido, el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que el 9 de abril de 2026 se envió una comisión desde Bogotá para investigar cómo se desarrolló la presentación musical en la cárcel de Itagüí.

El equipo tenía la tarea de recopilar información y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo el ingreso del artista al establecimiento.

Gutiérrez manifestó su indignación por lo sucedido y advirtió que una situación de estas características no debía repetirse. Como parte de las medidas adoptadas, el INPEC ordenó cambiar al director encargado del penal, trasladar al comandante de vigilancia y abrir una investigación disciplinaria contra los funcionarios que se encontraban de servicio durante la visita.

Las actuaciones administrativas buscan esclarecer cómo se permitió el ingreso de los visitantes, qué controles se aplicaron y si hubo omisiones por parte del personal responsable de la seguridad y vigilancia del establecimiento.

¿Qué sigue en el proceso disciplinario?

Con la formulación del pliego de cargos, el caso avanza hacia la etapa de juzgamiento disciplinario. En esta fase se examinarán las conductas atribuidas a los seis funcionarios y las pruebas que sustentan la investigación.

La calificación provisional de las faltas no constituye una decisión definitiva sobre su responsabilidad. Los investigados podrán presentar sus argumentos y ejercer su defensa dentro del procedimiento.

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación recibió copias para determinar si los hechos podrían tener relevancia penal.

El caso mantiene la atención sobre los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios y los controles aplicados al ingreso de visitantes, especialmente en establecimientos donde permanecen personas vinculadas a procesos de paz urbana.

Las decisiones de las autoridades disciplinarias y judiciales deberán establecer si existieron responsabilidades individuales y cuáles serían las consecuencias correspondientes.